Alberto Romero de Urbiztondo
@aromero0568
Los casos de pederastia que involucran a sacerdotes y religiosos católicos, siguen apareciendo regularmente mostrando no ser situaciones aisladas sino responder a causas estructurales de la ideología y organización de esa institución religiosa. Y algo quiero aclarar, estoy convencido que la gran mayoría de católicos no están implicados en estos delitos ni los aprueban, pero si tienen la responsabilidad de denunciarlos, investigar sus causas y promover medidas y cambios en su iglesia para que no se repitan.
El último caso es el abuso que recibían niños del centro de formación para monaguillos del Vaticano, los niños que participan en misas y ceremonias religiosas que realiza Jorge Bergoglio, conocido como papa Francisco. Actualmente se desarrolla el juicio a uno de los educadores por abuso sexual de menores y al exrector del centro por complicidad.
https://www.eldiario.es/sociedad/francisco-ordena-cerrar-seminario-monaguillos-papa-medio-escandaloso-juicio-abusos-sexuales_1_7978054.html
Bergoglio anunció que trasladará este centro fuera del Estado vaticano, pero no ha informado ninguna medida, para que casos similares no se vuelvan a repetir. Reconocemos que hay ciertos avances en como la Iglesia católica aborda estos casos, pues anteriormente solo encubría a los acusados de abuso, trasladándolos a otro colegio o parroquia, silenciando los delitos. El trabajo de información y denuncia de personas que sufrieron abuso en su infancia, ha permitido sacar a la luz esta problemática y que la iglesia católica haya empezado a asumir responsabilidad por estos delitos, pero todavía a nivel mundial se tienen identificados miles de casos de abusos a menores. Recordemos en El Salvador el caso de monseñor Jesús Delgado que durante años abuso de una niña y era el Vicario Episcopal de Educación y Cultura, oponiéndose a la Educación Integral en Sexualidad de la niñez y adolescencia. Por eso es necesario garantizar la laicidad del Estado, para que leyes y políticas públicas se definan en base a criterios de orden científico y de derechos, no permitiendo la imposición de concepciones y normas de conducta sobre sexualidad, definidos por sus creencias religiosas particulares, que no responden a reconocimiento de derechos ni evidencia científica, normas que esta institución religiosa es incapaz de gestionar entre sus propios sacerdotes y religiosos.