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Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El anuncio de posibles acuerdos del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional FMI representa la posibilidad de pérdidas de empleos e incremento de tributos.
Son los compromisos que impondría el FMI al gobierno los que acarrearían problemas a las mayorías, especialmente si eso supone aumento de impuestos y disminución del gasto público.
Los economistas han declarado, a medios de comunicación, sus opiniones sobre lo que representaría un ajuste, como condición para obtener un crédito con el FMI por parte del gobierno.
La publicación semanal “Conciencia Crítica”, presenta indicadores de una economía en crisis, estancada, y en ese contexto salvadoreño señala que el gobierno negocia un acuerdo con el FMI, pero condicionado a que reduzca el empleo público, eleve sus ingresos a través de los impuestos y se olvide del Bitcoin.
Más medicina amarga, eso será para las mayorías, porque cuando se habla de aumentar ingresos lo que se ve venir son nuevas multas, como las anunciadas por el viceministerio de transporte, y si eso lleva aumento del IVA, ya sabemos que representaría nuevas alzas de precios y, en consecuencia, menor capacidad de compra para la inmensa mayoría de las familias.
Pero hasta el momento, el gobierno ha encontrado en el pueblo una alta capacidad de aguante, de silencio, el murmullo y la queja es todavía insuficiente para hacerse sentir y obligar al régimen político para tener en cuenta la necesidad de la mayoría.
Todavía es insuficiente la crítica para hacerle saber que se desaprueban sus medidas y que se exige un cambio, que ya basta de seguir sacrificando a los mismos de siempre, al pueblo pobre, a las capas medias, a los trabajadores, al productor pequeño, a los vendedores informales.
No aparece la prometida reforma tributaria que obligue a los que más tienen a pagar más y dejar de inventar cómo quitarle el medio de trabajo al dueño de un vehículo de carga, a una tienda o un vendedor de comida.
El recetario del FMI es bastante conocido cuando de auxiliar a las finanzas de un gobierno en bancarrota se trata: quitar subsidios, disminuir servicios, cobrar mas impuestos, reducir el empleo, todo para asegurar que los fondos que llegan a la hacienda pública sirvan para pagar las deudas con la banca y los gobiernos.
El pago a la deuda histórica con la sociedad, un modelo económico que desarrolle los sectores productivos, el crédito para los que producen alimentos, la inversión en cultura, en educación, en salud, en caminos rurales, en defensa del medio ambiente, esa es agenda de fuerzas políticas de izquierda y progresistas, y eso es lo que no tenemos en el país, con el dominio absoluto de las entidades estatales, de una persona y de un grupo gobernante neoliberal.
Un análisis de la ejecución presupuestaria del año 2024, hecha por el economista César Villalona, indica una baja ejecución en ramos como agricultura, obras públicas y transporte, vivienda, desarrollo local, salud y educación; todos entre 17 y 45 por ciento; y sin embargo, en relaciones exteriores y defensa sí gastaron más de la mitad correspondiente al primer semestre.
Si esto es así, y Villalona lo demuestra con fuentes, significa que el ajuste que en esencia es invertir menos, pero cobrando lo mismo o más, ya está en marcha, sin que eso represente mejora para el pueblo y, vale preguntar, cómo se aplica el lema tan publicitado del gobierno que afirma que el dinero alcanza cuando nadie roba…
Se vienen días más difíciles que, requerirán de esfuerzos colectivos para entender que lo que nos pasa tiene que ver con las políticas de un gobierno pro oligárquico, neoliberal e insensible a las necesidades de la gente, eso no se resolverá con acuerdos con el FMI, porque esos acuerdos solo profundizarán los problemas y surgirán otros.
Nuevamente deberemos entender la validez del refrán que dice: solo el pueblo salva al pueblo y la pregunta es: y cómo lo hacemos.
