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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narco Actividad de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para aprobar cuatro reformas al Código Procesal Penal con el fin de regular la incorporación y producción de evidencia digital en los procesos judiciales. Dentro de las reformas se autoriza a través del visto bueno del fiscal general de la República, realizar operaciones digitales encubiertas para la investigación de delitos informáticos y conexos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, mandó un documento a la comisión para que se estableciera que el agente digital encubierto también fuese autorizado por un juez; pero los legisladores solo dejaron la petición de fiscal. La propuesta al artículo 259-D quedó de la siguiente manera:
“Durante la investigación de los delitos cometidos en la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos u otros contenidos en leyes penales especiales y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 inciso cuarto de este Código, podrá ordenarse la relación de operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias a petición del fiscal, las cuales estarán a cargo de la policía previa autorización por escrito del fiscal general de la República”, leyó Walter Coto.
Dentro de las reformas, también se contempla, la evidencia digital como prueba para los procesos penales que tienen que ver con delitos informáticos, para estas por obligación sería por medio de una orden judicial.
Las evidencias judiciales serían: los documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, videos, datos y cualquier otro tipo de información que sea almacenada, recibida o transmitida a través de las tecnologías de la información y comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico; estas serán admisibles como pruebas.
Según los oficialistas, con estas reformas buscan prevenir y combatir los delitos como estafas, hurtos de identidad, pedofilia, seducción de menores, obtención y divulgación de información de carácter personal no autorizada, extorsión, falsedad de documentos y firmas, utilización de datos personales para cometer ilícitos.
El legislador Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, propuso dentro de la instancia legislativa que se limitara el tiempo que esta operación o agente encubierto pudiese durar, pues si no se encontrasen pruebas en un año prorrogable a seis meses, estas cesarían para evitar que se hiciera un mal uso de la información.
“Como es típico de esta legislatura las propuestas de un partido de oposición no fueron tomadas en cuenta y se aprobó artículo por artículo como le convenía al bloque oficialista”, resaltó Wright Sol.
A la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, le preocupan las reformas porque los oficialistas “lo están justificando en el sentido que es para combatir delitos”, sin embargo, comentó que no se puede ignorar el contexto, “no hay que ver solo el texto de la ley, hay que ver el contexto en el que esto se propone, por un lado tenemos un momento en el cual muchos periodistas que han hecho investigaciones serias sobre temas de corrupción en la actual administración han denunciado que sus teléfonos han sido revisados por peritos especializados y han encontrado rastros del software Pegasus que solo se le vende a gobiernos autoritarios”.
“Es preocupante que a través de una reforma legal se esté haciendo legítimo la violación a los derechos humanos, la violación a la intimidad, a las comunicaciones que es una garantía constitucional”, destacó la parlamentaria.
