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Redacción Nacionales
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El oficialismo le aprobó, de forma exprés, al Gobierno de Bukele, un nuevo préstamo por $500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para “impulsar el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal de El Salvador.”.
El préstamo es por un monto de hasta $500 millones y permitirá fortalecer la estabilidad macroeconómica del país, asegurar la sostenibilidad fiscal y mejorar la integridad y estabilidad financiera, según se dijo en la plenaria de esta semana aprobada, con dispensa de trámite, es decir, sin discusión en comisión. De hecho, tampoco se especificó en la discusión en el pleno, y tampoco en el decreto en cuestión; ya que solo menciona que “los recursos provenientes del préstamo, podrán orientarse al financiamiento y apoyo de la caja fiscal del Ministerio de Hacienda”.
Según el oficialismo, el crédito proporcionará al país el espacio fiscal para avanzar en reformas para aumentar los ingresos fiscales, reducir la deuda pública, reconstruir las reservas internacionales y mejorar la gobernanza y la integridad financiera.
El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, comentó que el préstamo forma parte de las reformas estructurales a las finanzas públicas de El Salvador, que buscan generar una mayor sostenibilidad fiscal, fomentar el crecimiento y la resiliencia.
El parlamentario sostuvo que el crédito brindará apoyo presupuestario mientras El Salvador implementa reformas estructurales, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), realizado en febrero pasado.
“Esto busca únicamente mejorar la sostenibilidad fiscal, mejorar las reservas internacionales, generar espacios fiscales para que El Salvador pueda llevar a cabo todas esas reformas estructurales en sus finanzas”, afirmó el legislador.
La diputada del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, cuestionó a los legisladores oficialistas ante la falta de información del destino de los fondos y criticó el uso de la dispensa de trámite para aprobar más deuda. Dijo que El Salvador cae “en más deuda y compromete a las futuras generaciones”.
“Nosotros propusimos que ningún préstamo se pudiera aprobar con dispensa de trámite sino que los documentos debían ir a estudio de comisión pero evidentemente no nos apoyaron”, recordó la parlamentaria.
El país tendría un plazo de siete años para cancelar el préstamo, con un periodo de gracias de 3 años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato. Se pagarían en cuotas semestrales.
