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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa aprobó que el Gobierno pueda controlar a las organizaciones no gubernamentales, bajo la excusa de hacer de las oenegés “más transparentes”, tal como lo planteó el oficialismo desde la introducción de la Ley de Agentes Extranjeros el pasado 9 de noviembre.
En el marco normativo se establece que el Gobierno, a través de la plantación de un impuesto, se les quitará el 40% de los fondos a organizaciones que no sean de carácter social, es decir, si a una organización le otorgan 1,000 dólares del extranjero a una ONG, el Gobierno se embolsará $400.
En el dictamen, que no es público, se estableció, según lo acordado en la Comisión de Relaciones Exteriores, que en el artículo 12 de la ley se imponga una pena de prisión de 2 a 5 años a los agentes extranjeros que “ejecuten actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado”.
Los diputados de oposición han reaccionado y afirmado que esta ley es ambigua y discrecional, ya que en algunos puntos no se deja claro el motivo y se podría aplicar en diversos casos por el hecho de ser crítico al Gobierno.
El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, afirmó que con la ley, podría aplicarse según sean los intereses del Gobierno Central. “Si usted es salvadoreño que vive acá y recibe una remesa y usted es crítico del Gobierno en Twitter o abiertamente, podría aplicarle esta ley, yo creo que esa una importante pregunta porque la ley es bastante ambigua y discrecional”, destacó el legislador.
“Para mi, esta ley es un atentado a la sociedad civil, es lo que va quedando para consolidar su dictadura, ya se tomaron el Órgano Legislativo, el Órgano Judicial y ahora van tras la sociedad civil y esta es una herramienta de represión la que están impulsando a través de esta legislación”, comentó Wright Sol.
Misma opinión tiene la diputada del FMLN, Anabel Belloso, quien afirmó que la Ley de Agentes Extranjeros responde a intereses de coartar el derecho a libre organización y manifestación, así como diversidad de pensamiento, a la libertad de expresión.
“Se trata de una ley ambigua, que deja muchos elementos sueltos que se pueden prestar a la discrecionalidad de quienes la van a aplicar”, destacó Belloso.
Según comentó, estas acciones que el oficialismo aprobó “es un reflejo del Gobierno por limitar el accionar de otros actores de la sociedad salvadoreña como lo son las organizaciones sociales y también limitando el acceso a beneficios que tienen las comunidades a través del trabajo que realiza estas organizaciones vías fondos de cooperación”, destacó.
A juicio de Belloso, con la normativa se pretende “callar aquellas voces que son incomodas al régimen de Bukele, lo que buscan es callar aquellos que ejercen desde una posición diferente del oficialismo una voz de denuncia ante acciones que van en contra de derechos, transparencia y el proceso democrático”.
La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, sostuvo que la Asamblea aprueba una legislación que se está emitiendo con dedicatoria a aquellas instituciones, medios de comunicación, organizaciones y asociaciones que podrían tener algún tipo de expresión de crítica al oficialismo. En ese sentido, Ortiz dijo que la ley va “con toda la intención de limitar el derecho de la libre expresión, el derecho de libre asociación, el derecho de reunirse y de trabajar por un fin lícito”.
En cambio, los diputados de Nuevas Ideas y GANA han aludido que la normativa es para “transparentar los fondos” de las ONG y para conocer en que serán invertidos.
Al respecto, el diputado de GANA, Romeo Auerbach, dijo que esta es una ley que quiere hacer “un ordenamiento” del financiamiento que se dan desde el extranjero a organizaciones no gubernamentales. El legislador oficialista dijo que no se trata de persecución a las organizaciones, solamente de “transparencia”.
