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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Diversas organizaciones de la sociedad civil, que luchan por una Ley de Aguas en favor de los más vulnerables, se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa para denunciar que la Ley de Recursos Hídricos que estudió y concluyó la Comisión Ad Hoc, “legaliza la injusticia hídrica”, ya que favorece la privatización, el robo y el despojo del agua en los territorios.
Dalia González, del Foro del Agua, dijo que con la actual Ley de Recursos Hídricos se beneficia a las empresas a través de convenios que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha suscrito a favor de las familias Dueñas y Poma, para la construcción de proyectos urbanísticos en Valle El Ángel. Lo anterior forma parte de la injusticia hídrica.
Puesto que asignan “inconstitucionalmente” más de 25 millones de litros de agua al día. Las organizaciones denunciaron que con dicha cantidad de agua, podrían abastecer a más de medio millón de personas en el área metropolitana de San Salvador, entre ellas de Apopa, Soyapango, San Martín, Nejapa y Tonacatepeque. La Ley, no resuelve las injusticias hídricas, lamentaron las organizaciones, ya que con el cese de dichos permisos se podría resolver el problema de desabastecimiento.
González aseguró que los convenios son los principales motores de generar una “injusticia hídrica”, y la Ley de Recursos Hídricos no resuelve dicho problema. Por lo cual, exigieron que la ANDA, esté obligada por medio de la ley a transparentar los convenios ante la Asociación Salvadoreña del Agua (ASA). También exigen que la Ley de Recursos Hídricos regule los usos de agua para los megaproyectos.
Revelaron que la Ley tampoco resuelve la situación de las juntas de aguas. “Esta Ley lo que viene a hacer es profundizar la injusticia porque las juntas de aguas son entidades comunales no lucrativas, a diferencia de grandes empresas que hacen dinero a costa del agua”, comentó Dalia Gonzáles del Foro del Agua.
Justamente, las Juntas de Aguas llevan aproximadamente 40 años y han ayudado a resolver la crisis de abastecimiento que el Estado no ha podido atender. Y, en la actualidad, son alrededor de 2,500 juntas y que abastecen a 1.5 millones de salvadoreños y a pesar de su tarea no son reconocidos en la presente ley, y en la parte de cánones obligan a las Juntas a que paguen el uso de canon.
En cuanto a las autorizaciones, a las grandes empresas se les dan permisos hasta por 15 años para que puedan hacer uso del agua, pero a las Juntas de Aguas solo se les brinda autorización por 5 años, “esto profundiza en las desigualdades”, lamentó Dalia González.
Las organizaciones manifestaron que la ley niega la participación ciudadana tras no reconocer los Comités de Cuenca y de las Juntas de Agua, donde por naturaleza en estos espacios participa la ciudadanía.
Manifestaron que la ley normaliza las desigualdades en el acceso al agua y niega la crisis hídrica al no regular el abastecimiento de poblaciones como prioritarios esto generaría que, en un conflicto entre el abastecimiento para un uso de poblaciones y uso industrial, se priorizaría el industrial.
En cuanto a los usos del agua, Dalia González dijo que si bien se reconoce el agua de uso doméstico como uso prioritario, también sé es necesario que con el uso doméstico se reconozca el abastecimiento de poblaciones.
“Estamos afirmando que esta ley, lo que hace es proteger los intereses de la oligarquía, lo que hace es, (legalizar) lo que ahora son ilegalidades y abusos en derechos de las empresas”, externó González.
Criticaron que a pesar de escuchar observaciones y propuestas de más de 65 organizaciones en la comisión ad hoc, en su gran mayoría no se agregaron. Por lo tanto, este proceso de consulta “solamente fue una estrategia más del gobierno para acumular rédito político y no para incorporar las necesidades y las propuestas de la gente”.
Omar Serrano, representante de la UCA, afirmó que nadie más ha luchado por una Ley General de Aguas que el movimiento social de El Salvador. Ya que desde el 2006 que se presentó la primera propuesta de Ley General de Aguas por organizaciones sociales, eclesiales, éstas han solicitado contar con una. En este nuevo contexto político, las más de 60 organizaciones fueron a dar sus aportes a la comisión pero fue en vano, y denunciaron que se están beneficiando a un pequeño grupo económico.
En ese sentido, Amalia López, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, aseguró que los espacios que se unificaron para participar en la comisión ad hoc y dar una opinión conjunta “no se nos tomó en cuenta, que nos vieron la cara fuimos parte de un show y eso no es justicia y tampoco es seriedad de los diputados”, detalló, por lo cual, pidieron que se retome el camino de volver a estudiar los artículos importantes que “deberían garantizar los 5 puntos fundamentales para garantizar una buena ley de aguas”, externó López.
“Nosotros definimos 5 puntos que son fundamentales para que una ley general de aguas que responda a la realidad medioambiental de El Salvador: el primero es que se reconozca el agua como un derecho humano y bien público, esta ley lo reconoce en el papel pero no es suficiente porque las acciones que vienen contradicen”, comentó Omar Serrano, de la UCA.
Los otros puntos no negociables, son: el derecho Humano al Agua y Saneamiento, Gestión pública con participación efectiva de la población, gestión sustentable de las cuencas hidrográficas, régimen económico y financiero, justo y equitativo.
Entre las organizaciones que manifestaron su malestar con la propuesta legislativa estuvieron la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Alianza Contra la Privatización del Agua, el Foro del Agua y la Mesa de Iglesias.
Entre tanto, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, se pronunció ante las organizaciones que se manifestaron afuera de la Asamblea y afirmó que dichas personas “son las que viven o vivían de las crisis hídrica, de que no se resolviera (la crisis del agua)”.
Por el momento, el articulado del anteproyecto de la Ley de Recursos Hídricos ya fue estudiado, sin embargo, aún no hay un dictamen favorable.
