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Washington/Prensa Latina
Decenas de miles de personas buscan desde hoy cruzar la frontera sur de Estados Unidos tras la expiración del Título 42, pero tropiezan con otras legislaciones que igualmente impiden su permanencia en el país norteño.
El jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, declaró que la entidad se preparaba para asignar recursos en pos de abordar esos flujos provenientes de varios países de Latinoamérica.
Según dijo, citado por CBS News, se preveía el ingreso de más de 60 mil migrantes que permanecían en el área fronteriza con México.
En el período previo al final del Título 42, provocado por la terminación de la emergencia nacional de salud pública originado por la Covid-19, los funcionarios vieron un aumento en la migración, con el registro de alrededor de más 10 mil detenciones diarias en algunos días de esta semana.
Hasta la víspera, casi 25 mil personas se encontraban en las instalaciones y tiendas de campaña de la Patrulla Fronteriza, añadió Ortiz, a pesar de que la agencia solo tiene capacidad para retener a unos pocos miles.
Atribuyó el incremento actual a los contrabandistas que “obligaron a algunos migrantes a adoptar decisiones que no deberían tomar”, debido a la difusión de información errónea sobre la política estadounidense, incluso en las redes sociales.
También afirmó que el Gobierno espera disuadir los cruces ilegales deportando o devolviendo a los inmigrantes incapaces de calificar para el asilo y enjuiciando a los que cruzan la frontera repetidamente.
De hecho, según la regla implementada a partir de hoy, conocida como Título 8, quienes ingresen sin permiso no serán elegibles para el asilo si no solicitaron protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Asimismo, aquellos que no puedan demostrar que califican para una exención a la regla enfrentarán la deportación a su nación de origen o a México, así como una expulsión de cinco años de ese territorio norteño.
Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) intenta bloquear la nueva política de la administración del presidente Joe Biden.
En una presentación ante un tribunal del norte de California, la organización argumentó que las nuevas reglas son un intento de “resucitar y combinar las características ilegales de las dos prohibiciones de asilo anteriores”, que fueron anuladas anteriormente por los jueces federales.
La ACLU consideró que la regla es “intrincada” y que sus requisitos son “prácticamente imposibles” de cumplir, ya que requieren asegurar una de un número limitado de citas en un puerto de entrada.
La nueva política de asilo entró en vigor justo antes de que expirara el Título 42 a la medianoche del viernes.
