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Luis Arnoldo Colato Hernández
Eufemismo es el término que se utiliza con el propósito de “suavizar” y volver políticamente aceptable, aquella acción que es en principio ofensiva y hasta tabú.
Para el caso, el eufemismo que al presente momento las autoridades han escogido es “Concesión”.
Y es que en los días pasados y bajo esa figura, el Gobierno ha entregado a una empresa de origen israelí, la administración de la Lotería Nacional para la Beneficencia, por veinte años, sin haberse realizado el proceso que para tal efecto la ley señala.
Hay que subrayar que las negociaciones sobre esta concesión no se realizó por las vías establecidas por la ley de licitaciones, así como que aparentemente no se habría acordado por las partes al negociar el acuerdo, hacerlo público, que además explicaría porque al publicarse solo quedo como evidencia las capturas de pantalla que algunos medios hicieran, lo que además prueba lo ilegal que es ésta concesión, pues fue realizada por completo fuera de la ley –por lo que la FGR ya anunciara que iniciará una investigación de oficio sobre el tema-, lo que también obligara a los representantes del Gobierno que tuvieron la penosa carga de responder a la prensa, matizar las tales respuestas.
Tampoco la empresa israelí, aparentemente al reconocer su lapsus, conservo la información en el muro en el que lo hiciera, retirándolo casi de inmediato, y solo conservándose por algunas horas mas en la página de la agencia israelí de cooperación, que anunciará también el acuerdo, pero que lo retirará cuando se abrió el debate acá en el país.
Es decir, al revisar el caso, éste refleja la misma tónica que la administración presente ha mostrado a lo largo de su gestión, y que es la opacidad, dejando entrever turbios arreglos opuestos al interés nacional, que beneficiarán como antes así lo hicieran, solo a las élites, correspondiéndose además con la coyuntura a la que se ha conducido al estado salvadoreño, incapacitándolo económicamente por la desidia fiscal, dejando a la nación en la desvalida situación económica actual, que la rinde ante las instituciones crediticias internacionales, que imponen la privatización como dinámica a la administración.
Si en consonancia hacemos memoria, o mejor aún reflexionamos técnicamente sobre la pérdida década de las privatizaciones de los activos salvadoreños, sin dificultad calcularemos que estas solo beneficiaron a las élites, las cuales se enriquecieron con los tales activos, volviéndose cómplices del deshueso estatal, y los fracasos consecuentes, lo que además fuera demostrado por diferentes entidades que evaluaran el proceso (FMI, BM, BID, BCA, etcétera) , entre lo que destaca incluso lo observado por los organismos que promovieron las privatizaciones, y que sobre el capitulo salvadoreño no dudan en reseñar como no solo fallaron, pero que además degeneraron en una involución financiera.
Queda entonces plantearse si el torcido manejo inicial de éste nuevo ciclo de privatizaciones, hecho como vemos a espaldas del soberano, violentando la normativa establecida y, sobre todo, con la misma intencionalidad de solo beneficiar a las élites, debe ser favorecido por la población.
