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@arpassv
Un “nuevo robo del siglo” podría perpetrarse en el país: se trata de la propuesta de reforma previsional presentada la semana pasada por la Iniciativa “Ciudadana” para las Pensiones. Lo anuncian impunemente en los medios comerciales sus eventuales hechores: el gremio de administradoras de fondos de pensiones ASAFONDOS, el centro de pensamiento neoliberal FUSADES y un par de supuestos sindicalistas o pensionados vendidos a la oligarquía.
La propuesta consiste en aumentar el monto de las cotizaciones y -en la práctica- elevar también la edad de jubilación, con el propósito de mantener el negocio de las AFPs y no resolver el problema real del actual sistema de pensiones: la insostenible deuda pública provocada por un “anterior robo del siglo”.
Este robo sucedió en 1998 cuando el gobierno de turno (el de Armando Calderón Sol, el segundo de ARENA) privatizó el sistema de pensiones y el Estado se quedó pagando pensiones sin recibir fondos de los cotizantes. El Ejecutivo, entonces, empezó a endeudarse y esa deuda ahora supera los 3,400 millones de dólares; mientras las empresas han obtenido unos 300 millones en ganancias netas: un verdadero robo contra el Estado, los jubilados y trabajadores cotizantes.
El año pasado, el gobierno presentó una propuesta de reforma que plantea un sistema de reparto mixto entre el gobierno y las administradoras privadas, para que el Estado tuviera recursos para pagar a los más de 90 mil pensionados del INPEP y del Seguro Social y que las AFPs no salieran del negocio.
Sin embargo, las voraces AFPs reaccionaron furibundas calificando la moderada y razonable propuesta gubernamental como “el robo del siglo”; y -con apoyo de los grandes medios y de los partidos de derecha- lograron evitar su aprobación en la Asamblea Legislativa. Y ahora aparecen con su propuesta que representa un nuevo robo.
Por tanto, la cuestionada propuesta debe ser rechazada por los pensionados, cotizantes y el gobierno. Todas las organizaciones progresistas, sectores democráticos y población honrada deben exigir la desprivatización de las pensiones o -al menos- un sistema de reparto entre el Estado y las AFPs.
Resolver la deuda previsional también debe enmarcarse en la solución integral de la crisis fiscal. En tal sentido, la reforma de pensiones está relacionada con el combate contra la evasión y elusión tributaria y con una política fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, la cual incluye impuestos directos al patrimonio, a la gran ganancia empresarial, a los bienes y servicios de lujo y también a las grandes transferencias financieras.
