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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Cuando parecía que los trabajadores del sector privado solamente podían quejarse o resignarse con salarios de hambre, porque la representación laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo era una simple extensión de la cúpula de la ANEP; ocurrió de repente un cambio de actitud, y es que se dieron cuenta que el Gobierno hacía una propuesta de aumento significativo. El sector laboral despertó, reanudó su organización y luchó por una representación digna capaz de defender sus intereses; por eso parece un milagro lo ocurrido con la decisión tomada el miércoles 14 de diciembre, cuando el CNSM tomó el acuerdo de un nuevo salario mínimo a partir del 1 de enero de 2017.
La ausencia del sector patronal en el Consejo era ya indicativo de que se daban cuenta que habían perdido la capacidad de imponer el ofrecimiento de un equivalente a dos tortillas como aumento al salario mínimo. Así, se abrió paso por fin a un análisis serio de las propuestas de salario mínimo; se abrió paso a una medida de justicia social, de justicia laboral, de justicia económica; un paso significativo que renueva la confianza de las y los trabajadores.
Se han reducido las 9 clasificaciones a 4, y se han aumentado entre el 19.19% y el 102.63% los viejos salarios propios de la época colonial. El sector que menos aumento recibirá verá incrementada su remuneración mensual en $48.30, y el que más rezagado venía sin recibir aumentos desde hace 28 años, recibirá un aumento de $101.30.
El salario para el comercio, servicios e industria, incluyendo la labor en los ingenios de caña, quedan ahora agrupados en un solo segmento, cuyo salario será de $300.00. La maquila textil y confección será ahora otro segmento con salario mínimo de $295.00; los trabajadores de la industria agrícola de temporada, que incluye caña y café, es el tercer segmento, y su salario mínimo será de $224.00, y, finalmente, las labores agropecuarias de recolección de café, algodón y agroindustria será de $200.00. Todo esto mejorará las condiciones de vida de 216,825 trabajadores y trabajadoras y sus familias; que representan el 31.3% de todos los trabajadores de esos sectores de la economía.
El fundamento de este paso de justicia que celebramos con esperanza, está en el artículo 38 de la Constitución de la República, que establece que debe existir una remuneración suficiente para que el trabajador pueda satisfacer sus necesidades en el orden material, moral y cultural, para él o ella y su familia; algo que está plenamente demostrado que son estos criterios los que sustentan las propuestas que sirvieron de base para la decisión del Consejo Nacional del Salario Mínimo.
Se ha explicado ampliamente la base técnico económica de la propuesta, que hace más de un año propuso el Presidente Salvador Sánchez Cerén al CNSM; igualmente las otras propuestas del sector laboral que estuvieron en debate por meses, sin alcanzar una solución que se acercara a la justicia, a compensar el aporte laboral en la creación de la riqueza y los ingresos de los empleadores. Parte de esas explicaciones se sustentan en el análisis de los costos de producción, la productividad y competitividad, la inflación y el estado de la economía.
Quedó demostrado que el país, en su conjunto logró salir del decrecimiento y pérdida de empleos experimentado en los años 2008 – 2009; que el gobierno ha sido actor clave en el apoyo a los empresarios para aumentar su productividad mediante una efectiva política energética y el aprovechamiento de la baja del petróleo, así como la telefonía y el apoyo crediticio a sectores, ya sea en especie o por medio de asistencia técnica, como ocurre en el sector del café, que ha recibido apoyo para el combate a la roya y la replantación de los cafetales con especies más resistentes a las plagas.
Esta decisión debe ser vista con esperanza de alcanzar una real justicia laboral, una mejor distribución del ingreso entre ganancia, tributos, salarios y otros costos combinados que se conjugan para la producción de bienes, servicios, y, consecuentemente, en la mejora del producto bruto de nuestro país.
Esta decisión que llega en un tiempo propicio para la fraternidad, la unidad familiar, la reflexión y los propósitos de mejora que toda familia tiene derecho a tener, debemos verla con seguridad, claros de su fundamento legal y ético, y en consecuencia, desprovista de temores en el poder aplastante de la vieja y mala costumbre de imponer un criterio mezquino en estas instancias tripartitas donde se deben articular los esfuerzos del gobierno, los trabajadores y los empresarios.
Felicitaciones a quienes acogen esta medida como justa, y una exhortación a recordar a Monseñor Romero, por parte de aquellos que se empeñan en concentrar sin redistribuir el producto del trabajo.
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