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Ricardo Olmos
Economista
Evaluar los resultados de programas o proyectos de una administración gubernamental generalmente se torna casi imposible por la inexistencia de la institucionalidad para tal efecto cediendo en la mayor parte de veces a las percepciones, a noticias infundadas, y en el peor de los casos a la intencionalidad manifiesta de desacreditar a quien hace un buen gobierno. No todos los proyectos y programas que se encuentran en curso son conocidos y la mayor parte de veces no han sido evaluados con criterios que regularmente gozan de consensos. Y aunque hayan significativos cambios positivos para la ciudadanía, algunos aunque imperceptibles y otros con la suficiente velocidad por sus efectos positivos ante lo esperado, no son conocidos todavía. Lo nuevo a veces cuesta o toma tiempo para ser valorado positivamente en nuestra sociedad.
Ya para el 12/10/2016 escribía en el Diario Co latino el artículo “North y el desarrollo” https://www.diariocolatino.com/north-y-el-desarrollo/ en donde afirmé “Douglass North, premio Nobel de Economía, mención que se le acreditó el 9 de diciembre del año 1993, indica que… los países con débiles niveles de crecimiento económico y desarrollo, se debe a la configuración de un tipo de matriz institucional, a la configuración de un tipo de instituciones que son restricciones pero que le sirven a los individuos. Entre ellas las que se vinculan con el Estado y aquellas que se vinculan con el mercado, ambas, al mismo tiempo son producto de la inventiva del ser humano a lo largo de la historia.” En El Salvador los cambios institucionales ofrecen la oportunidad de transformaciones, es decir de cambios económicos favorables para una sociedad. En ese sentido, los aportes de la teoría económica por North han sido vitales para comprender las relaciones entre los cambios institucionales que pueden conllevar y conducirnos hacia el cambio económico en una sociedad. De ahí que la expresión “Por profundización de los cambios” pasa en alguna medida por lo que se hace o se deje de hacer en la institucionalidad gubernamental, y particularmente aquellos casos que hoy por hoy poseen una relación e impacto inmediato en los cambios institucionales. Aunque tres años son relativamente poco tiempo para realizar cambios en la institucionalidad de un país, sin embargo, leyendo en clave mayor, existen y se revelan cambios de naturaleza estructural y de beneficios plenos en curso que han sido una demanda nacional y que la ciudadanía comienza a identificar. Este es el caso más reciente y revelador de las consecuencias que ha ofrecido la institucionalidad creada a finales del año 2014 con el Registro de Garantías Mobiliarias (RGM), del Centro Nacional de Registros, y que tiene como misión constituir garantías que promueven el financiamiento ofrecido para el deudor por parte del acreedor, dejando como respaldo a su favor la garantía constituida. Este procedimiento lleva a que el RGM inscriba a favor del acreedor todo tipo de contratos de los muebles sin y con desplazamiento a fin de ampliar el teatro de operaciones financieras para los deudores.
Una breve descripción de esos resultados indican que se ha garantizado alrededor de 4,718.6 millones de dólares en créditos para el sector privado en menos de tres años con más de 20 mil inscripciones de garantías, operaciones que han fortalecido la actividad productiva, habiendo pasado este desempeño en términos promedios de 3.7 a 13.1 del PIB del año 2015 a 2017 respectivamente. Con esto se propició un clima de negocios y nuevas oportunidades con mayores niveles de inversión y de empleos a escala nacional.
Al revisar las cifras del crecimiento del sector financiero los resultados revelan que en efecto comparando el primer semestre de este año 2017 versus al anterior de 2016 se ha observado un crecimiento del 7% del crédito bancario en general. De manera desagregada se tiene que el crédito a las empresas aumentó el 8.5% mientras que el crédito solicitado por los hogares incrementó en 4.7%. Estos resultados han propiciado un volumen de mayor demanda agregada, particularmente el consumo privado y la inversión, dinamizando el crecimiento económico del país.
La evaluación de este registro se vuelve importante pues los resultados que arroja antes de finalizar el 2017 en el funcionamiento del mercado del crédito indican que van en ascenso las cifras que pueden llegar a casi el 15% del PIB del crédito garantizado.
De esta manera la institucionalidad sirve al desarrollo económico con derivaciones que cubren las necesidades y satisfacen la demanda de crédito nacional.
La instalación de una realidad institucional orientada a impulsar el respaldo del crédito con garantías mobiliarias, posee desde el principio consensos entre las partes interesadas, lo que ha permitido resultados espectaculares. Este es el ejercicio de un buen gobierno, con resultados en la búsqueda del desarrollo, en donde el cambio institucional nos conduzca hacia un cambio económico nacional. Para continuar con nuevos desafíos se impone la necesidad en el mediano plazo de una política de garantías mobiliarias, para asegurar que nuevos sectores conozcan, garanticen sus créditos y se proyecte este registro hacia nuevos sectores y nichos de mercados como la micro y pequeña empresa, lo que volverá posible la democratización del destino del crédito en el país. De generarse este nuevo impulso con crédito garantizado, se podrá ampliar y mejorar el clima de los pequeños negocios que particularmente son administrados por mujeres, con lo que se abonará a la inclusión social para nuevos núcleos sociales en el país.
La hoja de ruta para el corto plazo con la nueva institucionalidad creada como lo es CONAMYPE, institución autónoma, es que de manera pronta se inicie el proceso de consulta de cuánto y en qué medida la micro y pequeña empresa conoce este mecanismo de crédito garantizado para promoverlo con los más de cien puntos de servicios que poseen las cooperativas de ahorro y crédito para iniciar cuanto antes la promoción del crédito utilizando este novedoso mecanismo que permite para el caso del deudor dar garantías mobiliarias asegurando así el retorno del crédito otorgado.
La meta en definitiva es asegurar que el crédito llegue a nichos sociales mayoritarios de la población, y principalmente para las actividades productivas que permita en el corto plazo generar empleo y de esa manera propiciar nuevas oportunidades para la juventud y para los emprendedores a nivel nacional.
