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Teresa Alvarado
La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) exhortó a los funcionarios que asumirán funciones o dejarán sus cargos el próximo uno de mayo a realizar la declaración de patrimonio como un compromiso ético y transparente con la sociedad, viagra además del cumplimiento de lo mandatado en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios y Empleados Públicos.
“La obligatoriedad de los funcionarios de elección popular que estarán asumiendo cargos a partir del uno de mayo deben de presentar la declaración de patrimonio, pero creo que más allá de esa responsabilidad de ley existe una responsabilidad ética, moral, de honestidad, mediante la cual todo funcionario debería mostrar cuál es su estado patrimonial al momento de asumir un cargo o finalizar sus funciones, para que pueda demostrar que no ha habido enriquecimiento ilícito en el desempeño del cargo”, afirmó el director ejecutivo de ISD, Ramón Villalta.
La declaratoria de patrimonio funciona como un documento que da fe que un funcionario que ostentó un cargo público no se aprovechó de su función para enriquecerse con el dinero de la ciudadanía.
El artículo 17, de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, faculta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) imponer multas que van desde los $11.43 o una máxima de $571.43, a los funcionarios por no presentar la declaración de su patrimonio.
Además de las sanciones económicas, la normativa, en su artículo 19, establece otras medidas como la separación de su cargo al funcionario o empleado público que haga declaraciones falsas.
Asimismo, el artículo 20 señala que cuando la sentencia es condenatoria por enriquecimiento sin causa justificada, es decir, que la persona señalada no demuestra cómo obtuvo sus bienes, esta deberá restituir al Estado o al municipio lo que adquirió indebidamente.
También, el artículo 21 establece que en todos los casos que haya una sentencia condenatoria contra el funcionario o empleado público será inhabilitado por un periodo de 10 años para ejercer cualquier cargo en el aparato estatal.
Villalta lamentó que la mayoría de los funcionarios no cumplen con dicha obligación de ley, además señaló que la institución garante de esta normativa, que es la sección de Probidad de la CSJ, es “muy débil” para exigir su cumplimiento.
Sin embargo, en diciembre del año pasado, la Sección de Probidad informó que el 100% de los titulares del órgano Ejecutivo cumplieron con su declaración patrimonial en el tiempo estipulado, convirtiéndose así en la primera administración gubernamental que lo logra.
Pero, el representante de la organización adelantó que ya se tiene listo un anteproyecto de ley de Probidad, que será presentado en los próximos meses a la Asamblea legislativa con lo que se busca establecer nuevas reglas para exigir el cumplimiento de este tipo de procesos, así como el fortalecimiento de la institución encargada de darle seguimiento a las declaraciones del estado patrimonial.
“La aprobación de esta iniciativa sería un instrumento valiosísimo porque se garantizaría que todos los funcionarios deberán cumplir con esa obligación, pero a la vez se fortalecería la institución al darle la capacidad para que pueda exigir el cumplimiento en las declaraciones de patrimonio. Son alrededor de 70 organizaciones las que estaríamos proponiendo el anteproyecto de ley”, indicó el representante de la organización social.
La actual Ley de Enriquecimiento Ilícito fue promulgada durante la gestión presidencial de José María Lemus, en 1959.
