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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Ha pasado el tiempo y dejado sus marcas en los rostros de Carmelina Mejía Ramírez, Reyna Portillo de Silva y María Herminia Argueta Quevedo, que luego de juramentar ante el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, rindieron nuevos testimonios sobre la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, ocurrida en diciembre de 1981.
La fecha fatídica para esta familia de Cerro Pando, fue el 11 de diciembre, cuando arriba el batallón Atlacatl, después de incursionar en los caseríos La Joya y El Mozote, así lo manifestaron ante las autoridades judiciales. Este proceso lo ventilan Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, la Fiscalía General de la República y Pro-Búsqueda, luego que el caso fuera incluido por el juez Jorge Guzmán, en el contexto de la sentencia emitida por al Corte IDH (2011) por la Masacre El Mozote y el caso Contreras.
Reyna Portillo de Silva, hermana menor de Arcadia Ramírez Portillo, madre de las niñas Ana Julia y Carmelina Mejía relató que su madre les contó, el 14 de diciembre de 1981, que el día anterior habían matado a nueve de sus familiares y los del Batallón Atlacatl se habían llevado a las dos niñas en El Mozote y que nunca más volvieron a saber de ellas.
Sobre los datos del caso se estableció que miembros del batallón Atlacatl llegaron al hogar de las hermanitas Mejía y empezaron a matar a la familia, por lo que ellas oyeron los gritos de los niños y de los adultos, quienes decían poseer un documento de su tío, que se encontraba de alta en la Fuerza Armada, y que les daba seguridad, porque estaba de servicio en San Francisco Gotera, Morazán.
No obstante, los soldados asesinaron a los nueve miembros de la familia Mejía, pero al encontrar las niñas el “carnet” de su tío les dio un espacio para salvar sus vidas, pero fueron conducidas junto a otros trece niños a un lugar desconocido, lo que significó un secuestro por parte de la Fuerza Armada en esa fecha.
La madre de las niñas, junto a su hermana interpuso un “Habeas Corpus” en el año 2000, por no haber cumplido la fiscalía con las diligencias en cuanto a la investigación para dar con el paradero de las niñas Mejía.
El caso pasó a ser parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Eduardo García, director ejecutivo de Pro-Búsqueda ha expresado que este caso es el emblemático de la masacre en Cerro Pando, porque luego que las niñas mostraran el carnet de su tío a los soldados pudieron sobrevivir, pero no pudieron eludir el secuestro y su posterior desaparición.
“Las llevaron junto a otros niños y eran como quince, luego el camión militar pasó por las cercanías de la vivienda de la madrina de las niñas que al reconocerlas las reclamó y los soldados las dejaron a cargo de la madrina que las bañó porque estaban todas llenas de sangre, que estaban impactadas porque presenciaron la muerte de sus familiares, pero luego pasaron de nuevo los militares que dijeron que tenían orden de llevarse a las niñas hacia otro lugar y se las quitaron a la madrina. Las niñas fueron vistas por última vez en el municipio de Meanguera (Morazán) donde fueron reclamadas por sus familiares y tampoco fueron entregadas”, explicó.
Las organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares sobrevivientes esperan que se pueda determinar quienes fueron los responsables intelectuales y materiales de la Masacre El Mozote y sitios aledaños, a fin de individualizar acciones y sancionar a los perpetradores de estos actos de Lesa Humanidad, ocurridos durante el contexto del conflicto armado, que sumó solo en este hecho más de mil personas asesinadas, en donde la mitad eran niños y niñas, así como mujeres y personas adultas mayores.
El caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños ha sido el único caso investigado y llevado a un proceso judicial contra el Estado salvadoreño, y en donde han sido señalados las unidades militares del batallón Atlacatl, el Destacamento Militar No. 4 de San Francisco Gotera, Morazán, la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y la Fuerza Aérea, quienes ejecutaron el operativo.
El juez de la causa, Jorge Guzmán, aún espera obtener los registros de estos operativos oficiales de la Fuerza Armada, de los archivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), que por ahora, le han sido negados por tres gobiernos consecutivos.
