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José M Tojeira
La tasa de mortalidad de El Salvador andaba el año 2017 en torno a los 5.7 muertes anuales por cada mil habitantes. Eso nos pone en, aproximadamente, unas 40.000 personas que mueren cada año. Ahora que el mundo y nosotros sufrimos una pandemia, los índices de mortalidad podrían dispararse si no tomamos precauciones extraordinarias. Todos sabemos que el Gobierno ha tomado unas medidas preventivas drásticas para evitar que las muertes se disparen. Hacer cálculos sobre datos aproximados de población nos puede ayudar a entender el problema. Por poner el ejemplo con uno de los sectores a los que más afecta el coronavirus, los mayores de 60 años, podríamos llegar a la conclusión de que, si hubiera una infección masiva en ese sector, el número anual de muertes en El Salvador podría duplicarse. Efectivamente, tenemos un número aproximado de 700.000 personas mayores de 60 años. Si se infectaran todas ellas y muriera solamente el 6 %, el número de fallecimientos casi se duplicaría.
Es muy difícil que suceda lo dicho anteriormente. Pero todos sabemos las profundas limitaciones que tienen nuestros hospitales. Tenemos menos camas hospitalarias por habitante, menos medicamentos disponibles, menos ventiladores mecánicos, menos unidades de cuidados intensivos que los países desarrollados. Si en vez de morir 40.000 personas al año murieran 60.000, nuestros hospitales estarían colapsados, las enfermedades que no fueran tan graves quedarían desatendidas, aumentando la morbilidad y mortalidad por causas tradicionales, y nuestros profesionales de la salud entrarían en etapas de verdadero agotamiento, contagio y en ocasiones muerte.
Y que en un año mueran 20.000 personas, más ancianos o menos ancianos, a causa de la pandemia actual no sería nada extraordinario, dadas nuestras condiciones hospitalarias, si no hiciéramos un esfuerzo especial para evitar el contagio. Aunque nuestros cálculos los hacíamos con el grupo de edad de mayor riesgo, lo cierto es que el COVID-19 también mata a gente no anciana e incluso joven.
Las medidas dadas por el Gobierno pueden parecer duras, pero son las que los países desarrollados de Europa, como Italia, lamentan no haber puesto desde el primer momento. La construcción de un nuevo hospital, ya en marcha, es también una medida necesaria para no sobrecargar excesivamente el sistema hospitalario existente. De lo que se trata es de salvar vidas. Y eso lo han entendido muy bien la mayoría de las Iglesias, suprimiendo actividades y cultos. Nos queda a la ciudadanía tomarnos en serio las normas de higiene, distancia personal y reclusión en el hogar que el Ministerio de Salud ha decretado recientemente. Dado incluso que una proporción de los que se infectan con el virus carecen de síntomas y puede continuar con su vida normal, pero contagiando a otros, las normas de higiene y de distanciamiento personal no pueden verse como una práctica temporal para mientras dure la cuarentena.
Al contrario, deben convertirse en comportamientos de largo plazo. Porque hasta que no tengamos las vacuna contra el COVID-19, nuevas emergencias pueden surgir en cualquier momento cuando se suavicen las actuales medidas.
Un problema común, colectivo, debe buscar siempre soluciones colectivas para enfrentarlo. Al Gobierno le toca tomar medidas, hacer cada vez más pruebas, aislar contagiados. A los ciudadanos nos corresponde la responsabilidad personal. Pero tenemos que buscar modos de convivir socialmente que nos ayuden a prevenir los daños colectivos.
Las medidas del Ministerio de Salud buscan proteger la vida en nuestro país. A nosotros nos toca así mismo protegerla, sabiendo que defender la vida de los demás es defender también la propia vida. Monseñor Romero, que con tanto ahínco defendió la vida de los pobres, hoy, en su día, nos diría lo mismo.
José M Tojeira
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a tasa de mortalidad de El Salvador andaba el año 2017 en torno a los 5.7 muertes anuales por cada mil habitantes. Eso nos pone en, aproximadamente, unas 40.000 personas que mueren cada año. Ahora que el mundo y nosotros sufrimos una pandemia, los índices de mortalidad podrían dispararse si no tomamos precauciones extraordinarias. Todos sabemos que el Gobierno ha tomado unas medidas preventivas drásticas para evitar que las muertes se disparen. Hacer cálculos sobre datos aproximados de población nos puede ayudar a entender el problema. Por poner el ejemplo con uno de los sectores a los que más afecta el coronavirus, los mayores de 60 años, podríamos llegar a la conclusión de que, si hubiera una infección masiva en ese sector, el número anual de muertes en El Salvador podría duplicarse. Efectivamente, tenemos un número aproximado de 700.000 personas mayores de 60 años. Si se infectaran todas ellas y muriera solamente el 6 %, el número de fallecimientos casi se duplicaría.
Es muy difícil que suceda lo dicho anteriormente. Pero todos sabemos las profundas limitaciones que tienen nuestros hospitales. Tenemos menos camas hospitalarias por habitante, menos medicamentos disponibles, menos ventiladores mecánicos, menos unidades de cuidados intensivos que los países desarrollados. Si en vez de morir 40.000 personas al año murieran 60.000, nuestros hospitales estarían colapsados, las enfermedades que no fueran tan graves quedarían desatendidas, aumentando la morbilidad y mortalidad por causas tradicionales, y nuestros profesionales de la salud entrarían en etapas de verdadero agotamiento, contagio y en ocasiones muerte.
Y que en un año mueran 20.000 personas, más ancianos o menos ancianos, a causa de la pandemia actual no sería nada extraordinario, dadas nuestras condiciones hospitalarias, si no hiciéramos un esfuerzo especial para evitar el contagio. Aunque nuestros cálculos los hacíamos con el grupo de edad de mayor riesgo, lo cierto es que el COVID-19 también mata a gente no anciana e incluso joven.
Las medidas dadas por el Gobierno pueden parecer duras, pero son las que los países desarrollados de Europa, como Italia, lamentan no haber puesto desde el primer momento. La construcción de un nuevo hospital, ya en marcha, es también una medida necesaria para no sobrecargar excesivamente el sistema hospitalario existente. De lo que se trata es de salvar vidas. Y eso lo han entendido muy bien la mayoría de las Iglesias, suprimiendo actividades y cultos. Nos queda a la ciudadanía tomarnos en serio las normas de higiene, distancia personal y reclusión en el hogar que el Ministerio de Salud ha decretado recientemente. Dado incluso que una proporción de los que se infectan con el virus carecen de síntomas y puede continuar con su vida normal, pero contagiando a otros, las normas de higiene y de distanciamiento personal no pueden verse como una práctica temporal para mientras dure la cuarentena.
Al contrario, deben convertirse en comportamientos de largo plazo. Porque hasta que no tengamos las vacuna contra el COVID-19, nuevas emergencias pueden surgir en cualquier momento cuando se suavicen las actuales medidas.
Un problema común, colectivo, debe buscar siempre soluciones colectivas para enfrentarlo. Al Gobierno le toca tomar medidas, hacer cada vez más pruebas, aislar contagiados. A los ciudadanos nos corresponde la responsabilidad personal. Pero tenemos que buscar modos de convivir socialmente que nos ayuden a prevenir los daños colectivos.
Las medidas del Ministerio de Salud buscan proteger la vida en nuestro país. A nosotros nos toca así mismo protegerla, sabiendo que defender la vida de los demás es defender también la propia vida. Monseñor Romero, que con tanto ahínco defendió la vida de los pobres, hoy, en su día, nos diría lo mismo.
