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Mauricio Funes- expresidente de la República- asegura que no puede ser condenado por los hechos que se le imputan, ya que están basados en “chambres” de testigos criteriados.
En esta segunda parte de la entrevista, el expresidente Funes habló sobre el caso ROS y el supuesto saqueo público de 351 millones de dólares. Para conocer su postura esto es lo que comentó a este periódico:
-¿Ha pensado recusarlo?
No lo he pensado aún. Si revelé esa información en las redes sociales es para hacer pública una tremenda arbitrariedad. Me acusan de revelar documentos oficiales cuando el ROS no es un documento oficial y me está juzgando el juez que me lo solicitó para usarlo de alguna forma en el proceso que tenía en ese momento en contra del expresidente Flores. Es decir, va a decidir sobre un supuesto delito de revelación de documentos oficiales el funcionario judicial que me lo pidió y a quién se lo revelé. Este es un vicio y un absurdo propio del sistema penal salvadoreño.
-¿Cómo obtuvo usted el documento?
Ya lo había dicho antes en una entrevista de TV y en una entrevista con la fiscalía: a través del OIE de entonces.
– Considera usted que cometió un delito al revelar un documento oficial
Los reportes de operaciones sospechosas no son documentos que adquieran el status de documentos oficiales y en todo caso son documentos del Departamento del Tesoro de EE.UU. y en el reglamento que establece su uso no prohíbe su publicación. Solo advierte que no puede ser usado para fines judiciales, es decir, para sustentar una acusación penal de lavado de dinero.
-¿Qué pretendía con su revelación? Acaso fue una conspiración contra Flores para anularlo políticamente ya que era el asesor principal del excandidato presidencial de ARENA para el 2014?
Pretendía hacer evidente un movimiento sospechoso de dinero de parte del expresidente Flores que al final derivó en un proceso penal en su contra. No podía quedar impune que fondos de la cooperación Taiwanesa cuyos destinatarios eran los afectados por los terremotos del 2001 habían ido a parar a las arcas del partido ARENA y probablemente a varias cuentas privadas, incluyendo de grandes empresarios. Esta denuncia pública que hice siendo Presidente solo un perverso puede calificarla de conspiración. Qué contradictorio que el mismo fiscal que está acusando al partido ARENA, al Banco Cuscatlán, al presidente Saca y a varios acaudalados empresarios en un tribunal civil para lograr la recuperación de esos $10 millones que desvió, malversó y lavó Flores me acusa a mí de haber revelado un documento sin el cual estoy seguro que ni la Asamblea y ni la fiscalía de entonces habrían investigado.
Caso Saqueo Público:
– Usted siempre ha dicho que este caso es una persecución de la derecha en su contra, pero la FGR insiste que tiene suficientes pruebas que demuestran que peculó y lavó 351 millones de dólares. ¿Como contrapone su insistencia de que es inocente con todas las pruebas que la FGR asegura tener?
Al dejar la Presidencia y perder el fuero estaba casi seguro que comenzaría una persecución de la derecha en mi contra valiéndose de los recursos que controlaba y sigue controlando a la fecha.
Era previsible que habiendo destapado grandes hechos de corrupción que involucraban a prominentes empresarios y dirigentes de ARENA (caso CEL/ENEl y caso Flores/Taiwán) y que tuvo un impacto evidente en las elecciones del 2014, la derecha buscaría cómo desquitársela.
Lo que no imaginé es que armarían una serie de acusaciones en mi contra valiéndose del control que tienen de la fiscalía y los tribunales de justicia.
La fiscalía podrá decir lo que quiera, pero ya van más de dos años desde que presentaron el primer caso en mi contra y no han podido demostrar nada, absolutamente nada.
¿Qué pruebas tienen de que peculé y lavé $351 millones de los fondos de la partida de gastos reservados de CAPRES?
Lo único sobre lo que han insistido son las declaraciones incriminatorias de supuestos testigos a los que han presionado y amenazado para que se criterien o que están siendo procesados y deciden acusarme a cambio de beneficios procesales.
¿A dónde están las pruebas de que me he beneficiado de esos más de 300 millones que dicen que robé al Estado? No tienen facturas a mi nombre de las supuestas cirugías estéticas, de los autos de lujo, de los bienes inmuebles que me atribuyen o pruebas documentales de inversiones, sociedades o empresas que dicen que son mías. El peritaje financiero ordenado por el juez no encontró ninguna evidencia de bienes míos o de mi familia en el registro de propiedad adquiridos con fondos públicos ni tampoco de cuentas bancarias nacionales o extranjeras en las que se hayan depositados recursos del Estado o como resultado de sobornos. La defensa ha podido demostrar que los pocos bienes de uso tanto personales como de mi grupo familiar fueron adquiridos con recurso propios.
-Hace poco aseguró que la FGR tiene pensado presentar a un nuevo criteriado. ¿Qué sabe de eso? Y ¿quién sería el criteriado está vez?
Es que el mismo fiscal lo dejó entrever en una entrevista reciente. Además una fuente de la FGR me ha informado que el Fiscal Melara no ha desistido de presionar a imputados dentro del proceso para que se criterien y me incriminen a cambio de beneficios procesales que van desde procedimientos abreviados, penas menores hasta desistir de las acusaciones en su contra, como ha ocurrido por ejemplo con Jorge Hernández que sin estar imputado en el proceso judicial que enfrento y sin tener una tan sola prueba más que supuestas conversaciones que tuvo conmigo ya habiendo dejado la presidencia me ha acusado. A cambio de eso la FGR desistió de acusarlo en el caso Saca.
Este nuevo criteriado sería un funcionario de mi gobierno con el que la FGR ha negociado varios beneficios pero que no tiene ninguna prueba en mi contra, solo sus declaraciones.
-¿Que relación tuvo usted con el manejo de la partida de gastos reservados?
Ninguna. Yo no manejé el presupuesto de CAPRES. Ni siquiera era la persona que lo elaboraba y aprobaba. El presupuesto del Gobierno, incluyendo por supuesto el de CAPRES, era aprobado en el Consejo de Ministros y presentado al Consejo por el Ministro de Hacienda.
Puede parecer raro lo que estoy diciendo porque cualquiera pensaría que en CAPRES no se hacía ni un tan solo gasto si el Presidente no lo aprobaba. Este probablemente sea el estilo de Saca o ahora el de Nayib. Pero en mi caso yo era el jefe de gobierno pero no el jefe administrativo. En el reglamento del órgano ejecutivo (RIOE) dejamos establecido que el presupuesto de CAPRES, incluyendo los gastos reservados, serían manejados por la Secretaría Privada de la Presidencia. Y sobre esto tengo plena convicción que mi secretario privado fue probo, transparente y responsable en el manejo del presupuesto. De hecho él tiene cómo desvanecer todas las acusaciones que le ha hecho la fiscalía.
-¿Usted autorizaba o decidía su uso?
Ya he explicado que no. Firmaba la planilla de CAPRES porque así lo establece el reglamento pero no tengo ni idea de cuánto ganaba el personal de CAPRES y los secretarios ejecutivos de la Presidencia. Firmaba los decretos ejecutivos y sancionaba, observaba o vetaba, según las circunstancias, los decretos que enviaba la Asamblea. Pero de eso no pasaba. En mi estilo de gobierno, el control y manejo administrativo de CAPRES nunca fue mi prioridad. Mi prioridad era la conducción política del gobierno y el cumplimiento de nuestro programa de gobierno. Cada ministro y cada secretario tenía su responsabilidad y su área de decisión. El manejo del presupuesto de CAPRES y sobre todo de la partida de gastos reservados no era mi responsabilidad. Además todo está debidamente justificado: los gastos del OIE, la seguridad presidencial, los gastos administrativos, los gastos en publicidad, los viajes oficiales y no oficiales, los gastos de mantenimiento de CAPRES y REPRES, etc.
-¿Por qué sostiene que esa nueva prueba que la FGR dice tener ya no puede ser presentada en la fase de instrucción?
Porque esta fase ya concluyó. El caso debería pasar ya a la audiencia preliminar. La fiscalía está presionando al juez para que esta fase se amplíe porque no consigue pruebas incriminatorias contundentes y sólidas y seguro que tiene la orden de no perder este caso.
-¿Que va a pasar con usted si es condenado?, ¿como queda su asilo en Nicaragua y su ciudadanía nicaragüense?
No creo que sea condenado. La FGR no ha probado nada. El juez cometería una tremenda injusticia y arbitrariedad si me condena apoyándose únicamente en los chambres de los criteriados. Pero como en El Salvador cualquier cosa puede ocurrir si la sentencia llega a ser condenatoria esa decisión no afecta mi ciudadanía nicaragüense. Según la Constitución un ciudadano nicaragüense no puede ser extraditado a otro país.
