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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Era la mañana del 30 de julio de 1975, cuando Reynaldo Enrique Hasbún de 22 años y su hermana Ana Graciela de 21 años se prepararon como era rutinario para asistir a sus clases en la Universidad de El Salvador (UES). Esa tarde participarían de la marcha de protesta convocada por AGEUS, por la intervención del Centro Universitario de Occidente (Santa Ana) el 25 de julio, sin saber que ese día nunca más volvería a ver a su hermano.
“Soy sobreviviente de esa marcha, mi hermano Reynaldo se perdió esa tarde, la marcha que la policía, soldados y la judicial (Guardia Nacional) atacaron la marcha de estudiantes que solo llevaban su voz, que no hemos oído hasta la fecha, porque no hemos sabido nada de ellos”, dijo Ana Marcela Hasbún de Granadino, en la conmemoración del de la Masacre Estudiantil del 30 de julio de 1975.
La Comisión Especial de Investigaciones a Graves Violaciones a Derechos Humanos y autoridades académicas de la Universidad de El Salvador (UES) entregaron cuatro títulos póstumos a familiares de las víctimas del 30 de julio de 1975, como una acción de resarcimiento moral y dignificación a la memoria de los estudiantes: José Domingo Aldana (Economía), Sergio Antonio Cabrera (Medicina), Reynaldo Enrique Hasbún (Química), y Napoleón Orlando Calderón (Agronomía).
El contexto histórico de la década de los años setenta se caracterizaba por la represión de un Estado militar, que encabezaba el expresidente coronel Arturo Armando Molina y el ministro de la Defensa coronel Carlos Humberto Romero, quien desató la masacre estudiantil más emblemática por su violencia en la historia de El Salvador a mediados de esa década.
“Queremos como familia cerrar este ciclo de vida, para dejar de sufrir. Nuestro papá y mamá ya murieron, nuestros hermanos se fueron del país.
Fue una guerra injusta porque los estudiantes solo gritábamos por la justicia para los estudiantes de Santa Ana, pero nunca creímos que nos iban a atacar. Ahora me siento feliz porque no los han olvidado (UES), porque somos familia universitaria y he sentido que los han protegido, porque sabemos que ellos están muertos y son más estudiantes (asesinados), porque les pasaban encima las tanquetas.
Buscamos a mi hermano por cinco años, pero hasta nos amenazaron de muerte a mi papá por el régimen de ese entonces; ahora esperamos que (el presidente Nayib) Bukele nos ayude a encontrar a los responsables”, declaró.
El rector Roger Arias expresó que además de este acto de reparación de derechos humanos, también han documentado sesenta casos que han sido presentados ante la fiscalía general de la República, en búsqueda de justicia para el primer centro de estudios superiores y sus correspondientes familias.
