Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Saúl Méndez
Colaborador
Observadores internacionales aseguraron que en el proceso de vista pública de los cinco líderes comunitarios y ambientalista pertenecientes a la comunidad Santa Marta y a la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) se transgredieron los estándares internacionales del debido proceso en diferentes ocasiones.
La delegación internacional convocada por Aliados Internacionales Contra la Minería en El Salvador alegó que: “Al menos uno de los imputados fue maltratado por la policía durante uno de los traslados a su domicilio”.
El juicio dio inicio el martes 8 de octubre en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, dónde la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los cinco líderes de la Comunidad Santa Marta por el asesinato de una mujer en agosto de 1989. No obstante, la defensa de los acusados explicó que no se presentaron pruebas suficientes para condenar a los imputados.
Por su parte, los observadores internacionales consideraron que, según la evidencia presentada en la sala del tribunal, la única resolución justa es la absolución de los cinco acusados.
“La falta de absolución indicaría la falta de presunción de inocencia y, por lo tanto, la inexistencia de un poder judicial independiente en El Salvador”, sugieren.
Yvette Borja, observadora y representante de Aliados Internacionales Contra la Minería en El Salvador, indicó que el juicio “pareció haber cumplido con estándares internacionales del debido proceso”, sin embargo, en la vista pública se transgredieron esos estándares en numerosas ocasiones.
Los observadores denunciaron que la FGR violó la orden de reserva impuesta por los jueces, al exponer las identidades de testigos y observadores. Aseguraron que la FGR mostró a los acusados de manera que daban por sentada su culpabilidad, en las redes sociales.
“Tememos que esta violación a la reserva sin una reprimenda judicial representa una falta de imparcialidad procesal”, explicaron.
“Si bien se permitió a los periodistas acceder al recinto judicial el último día del juicio, creemos que se trató de una medida de última hora para rectificar la violación de la reserva por parte de la Fiscalía”, agregaron los observadores.
Borja añadió que durante todo el proceso, no se permitió a la prensa independiente tomar fotos o videos dentro del recinto del tribunal.
Jorge Cuéllar, observador Internacional, mencionó la existencia de una “estrategia excesivamente agresiva” por parte de los fiscales que incluyó “reprimendas” y el uso de “ademanes” para presionar a los testigos. “Por esta conducta, fueron advertidos y corregidos repetidamente por el tribunal. A pesar de las advertencias y solicitudes de los jueces, los fiscales ignoraron las instrucciones, ignoraron las reglas del proceso y no respetaron el decoro de la sala del tribunal”, dijo el observador.
Borja reveló que al menos uno de los imputados fue maltratado por la Policía Nacional Civil (PNC) durante uno de los traslados a su domicilio, fue objeto de maltrato verbal y también fue privado del descanso y alimentación adecuada. “En lugar de trasladarlo directamente a su residencia después de finalizar el proceso del día, lo retuvieron en una subestación de policía donde continuó el maltrato verbal, solo para llegar a su casa horas más tarde hambriento y exhausto”, detalló la observadora.
A la mañana siguiente, la policía llegó a su casa de madrugada y sin previo aviso. “Fuimos testigos de la fatiga visible y la incapacidad de todos los imputados de concentrarse en el proceso”, mencionó Borja.
“Este maltrato sigue siendo una preocupación, ya que los imputados son de edad avanzada y tienen enfermedades preexistentes como diabetes, e hipertensión. El bienestar de los defensores debe ser prioritario para garantizar un juicio justo”, aseguraron.
“Mientras esperamos los alegatos finales y la resolución del tribunal y, con base en nuestras observaciones, sostenemos que sólo se puede hacer justicia mediante un fallo que afirme la inocencia de los acusados”, sostuvieron los observadores.
Agregaron que se debe ofrecer una restitución a la comunidad de Santa Marta por los agravios. Además, piden que se tomen medidas para garantizar una “justicia transicional”, duradera.
