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En seguimiento a las propuestas de reformas legales que la Corte de Cuentas de la República (CCR) junto con representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron el pasado 16 de febrero, ante la Asamblea Legislativa, las organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas de la República (OCCCR) y la Mesa Técnica para el Fortalecimiento de la Corte de Cuentas, instaron a las diferentes fracciones legislativas y, en particular, a los diputados que integran la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a analizar y aprobar con celeridad dichos anteproyectos de reforma de ley. Para el OCCCR, estas iniciativas tienen como objetivo dotar a la Corte de Cuentas de las herramientas necesarias para cumplir con su mandato constitucional de fiscalizar la Hacienda Pública y la ejecución presupuestaria, así como de velar por el correcto uso de los recursos de todos los salvadoreños, un rol vital para el funcionamiento de la democracia y el combate a la corrupción.
“Desde el OCCCR y la Mesa Técnica, hemos dado un aporte sustancial en la elaboración de dichos anteproyectos y, a la vez, se ha impulsado la aprobación de estos por la importancia y trascendencia de la que revisten. El paquete de reformas incluye tres iniciativas de ley: una para fortalecer la función de control en la Ley de la Corte de Cuentas de la República, otra para realizar cambios puntuales a la Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía Mixta y una adicional para incluir dos nuevos delitos en el Código Penal”, planteó el Observatorio Ciudadano en un comunicado de prensa.
Algunos ejemplos de lo que las propuestas contienen son: Se establecen plazos determinados para que los entes a fiscalizar suministren a la Corte de Cuentas la documentación y los accesos necesarios para ello, estableciendo, además, un procedimiento claro y sencillo para actuar en caso de haber negativa por parte de los funcionarios responsables, con el apoyo de la fuerza pública.
De igual forma, las reformas presentadas contemplan que se amplíe el ámbito de control de la Corte, incluyendo de forma clara y precisa a entidades privadas y de economía mixta que manejan fondos públicos, debido a que, históricamente, hubo falta de claridad acerca del alcance de la fiscalización por parte del ente contralor, garantizando así que todos los recursos que pertenecen a la población puedan ser auditados, independientemente del mecanismo bajo el cual se administren.
Para el Observatorio también es importante que se establezcan sanciones penales ante la negativa a suministrar la documentación necesaria para que la Corte de Cuentas pueda practicar auditorías, por parte de los funcionarios y particulares que se vean involucrados; tipificando, además, una agravante en caso de que se impida mediante la violencia el control de la Corte.
