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Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), ha creado recientemente un observatorio del lawfare, entendido éste, como guerra política por la vía judicial y mediática.
La CELAG, institución creada en 2014 para el análisis político de América Latina y el Caribe, con la creación de este observatorio tiene el propósito de realizar análisis sistemático sobre los diferentes casos de lawfare en América Latina.
Las consideraciones de partida para esa decisión representan una cruda fotografía de lo que vivimos en nuestro continente, en la persecución de funcionarios, ex funcionarios, organizaciones políticas, organizaciones sociales, así como en la mutación de leyes que van justificando la persecución, para neutralizar y obstaculizar procesos de cambio.
Podemos ver casos separadamente, como vimos en prisión al ahora presidente de Brasil, o del vicepresidente de Ecuador, senadores, líderes políticos como Rafael Correa, y aquí, en El Salvador, la persecución a ex diputados y ex funcionarios de gobierno.
La visión separada, sin profundizar las razones para el uso de la mentira, nos priva de entender las razones de fondo de quienes urden esa persecución, para proteger intereses de poder económico y político.
Hay que darnos cuenta que, en nuestro país, los casos de persecución política por la vía judicial y mediática, abundan y han convertido al sistema judicial en una suerte de circo romano, en el que para mantener el interés y alimentar el odio de una muchedumbre fanática, de pensamiento reaccionario, con características fascistas, han sacrificado y siguen sacrificando a personas en su imagen, dignidad, salud, patrimonio y seguridad personal.
De modo que ese observatorio tendrá en nuestro país bastante trabajo, y la sistematización de los casos puede dar luz a sectores e instituciones llamadas a resistir y enfrentar esta guerra política y mediática, en la que el sistema judicial ha sido instrumentalizado para objetivos de poder.
CELAG afirma que el lawfare es una guerra política por la vía judicial y mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública.
En su desarrollo, se afirma, incorpora a jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjera).
De modo que un análisis sistemático y más integral de los casos, una vez se hagan esos trabajos, permitiría a los pueblos que quieran conocer la verdad, de dónde vienen y al servicio de qué causa están los ataques que sufren las víctimas del lawfare.
CELAG ha identificado los países en donde evidentemente se utiliza el lawfare: Argentina, Ecuador, Brasil, El Salvador, vinculados a gobiernos o fuerzas políticas que cuestionan, con mayor o menor alcance, la ortodoxia neoliberal.
Es de hacer notar que, en cada caso que conocemos en nuestro país, se utiliza a todas las instituciones, de modo de convertir a sus funcionarios en simples prisioneros (forzados o complacientes) de una estrategia, que ignora el debido proceso y los derechos de las víctimas.
Se conoce de ex alcaldes, de diferentes partidos, forzados a renunciar de sus institutos políticos, amenazados con condenarles utilizando los órganos de control y la fiscalía; de empresarios que aseguran sentirse amenazados si evidencian simpatía política; de ciudadanos que, al ver lo que ocurre con connotados ex funcionarios que hicieron buen servicio a la sociedad, creen que lo mejor es abstenerse de participar en política desde una postura alejada del oficialismo.
Es decir, que la persecución política, más allá de las víctimas directas de un proceso judicial, crea un entramado de temor con mayor alcance, que lesiona el curso normal que se espera de una democracia.
Ojalá el análisis del lawfare, para el caso salvadoreño, integre estos elementos de importancia que forman parte de un proceso, en el que evidentemente el lawfare está al servicio de la consolidación de un régimen autoritario, en el que existe aprovechamiento político y económico del grupo en el poder.
El lawfare abarca más allá de fuerzas políticas de izquierda y progresistas, se extiende a la protesta social, como se puede ver en la situación actual de Perú, donde los máximos jueces declaran que la protesta social es delito, o en el caso de Ecuador, donde se crea delitos como la inducción psíquica, para justificar la persecución a quienes opinen estando fuera del país, forzados por la persecución.
Entender es importante, para evitar secundar un sistema corrupto, ilegítimo y cínico.
