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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Tanto la Constitución (artículo 81) como el Código Electoral (artículo 175), establecen los períodos de propaganda electoral y las prohibiciones para aprovechar la función o los recursos públicos para fines partidistas; estas prohibiciones son ignoradas por el presidente Bukele desde el inicio de su mandato, quién mantiene una sistemática campaña contra la oposición política y facilita el uso de recursos públicos con fines electorales a su partido preferido.
En las más recientes alocuciones del presidente al referirse a los diputados de los dos partidos con mayor participación en la Asamblea, asegura que es el último reducto, producto del sistema electoral que les queda al FMLN y a ARENA.
Suele verse de este sistemático ataque, el desacuerdo entre dos órganos de Gobierno, y es cierto; pero la finalidad de ese ataque es mantener el llamado a elegir a los candidatos que él y su partido propongan en las próximas elecciones.
Desde el inicio de su gestión se conoció en su hoja de ruta no pública, el objetivo de ganar 30 diputados y 100 alcaldías, algo que como partido tiene derecho de proyectar; pero a lo que no tiene derecho es a usar el dinero del pueblo para organizar, mantener a las estructuras de su partido y hacer propaganda pagada con fondos públicos denigrando a diputados como lo está haciendo en el mensaje publicitario de su primer año de Gobierno.
Tampoco tiene derecho a usar los recursos del Ministerio de Agricultura para repartir paquetes a través de las estructuras de su partido, como lo han denunciado las autoridades municipales de Panchimalco y lo reiteran decenas de denuncias a lo largo y ancho del territorio nacional mostrando imágenes de sus activistas repartiendo los paquetes agrícolas.
Algo más serio que ilustra la utilización política de la pandemia, ha sido insinuar que pueden no haber elecciones a la vez de inmovilizar funcionalmente a todos los partidos con la prohibición de reuniones; mientras su partido se mantiene usando los recursos públicos para llevar alimentos a simpatizantes.
La más reciente evidencia mostrada en redes sociales, está de nuevo en memorándum del partido NI, en la que literalmente se lee: “Informarles que nuestros compañeros han iniciado los censos en el municipio para el beneficio de canasta enviada por el Gobierno a nuestra militancia en el barrio El Calvario está a cargo del militante de nuestro partido Francisco Vázquez, así como el hay más compañeros en cada barrio y sector. Por favor preparar: DUI Número de CELULAR o TELÉFONO. Esta información es importante para la base de datos de las próximas elecciones”.
Videos -también en redes- han ilustrado conflictos en comunidades por el acaparamiento de paquetes con alimentos en casas de militantes del partido preferido del presidente.
Al propagar odio en los mensajes, división social, se está violentando además los deberes y obligaciones de un partido político, no solo las obligaciones constitucionales impuestas a un presidente, y está por verse si el Tribunal Supremo Electoral(TSE) sigue la misma dinámica de la fiscalía de pasar por alto los delitos que cometen funcionarios de este Gobierno, o se decide a hacer cumplir la ley.
En los ataques del presidente y su circulo oficial y oficioso a la Asamblea, se denota su afán desmedido de control total de las decisiones políticas, para lo que necesitaría una mayoría calificada que se le someta del mismo modo que lo hacen los ministros y funcionarios nombrados en el órgano Ejecutivo, incapaces de argumentar con ley o conveniencia, alguna diferencia con su jefe político.
La constitución prohíbe la existencia de partido único, y para consolidar una dictadura requiere que el carácter pluralista y representativo definido en la constitución sea anulado como ha anulado ya instituciones valiosas entre ellas la de planificación.
El alargamiento de la cuarentena, la campaña de miedo a la pandemia y a los centros de contagio, a los retenes y abusos policiales, a la instrumentalización de la fuerza armada, están orientadas a promover desesperanza en la mayoría y mantener su aparato electoral activado convirtiendo a las familias en dependientes de la “ayuda gubernamental–partidaria”.
Los partidos políticos tienen deberes para con las conquistas democráticas ganadas con los cambios constitucionales y legales que trajo la firma de los Acuerdos de Paz, es hora de ver integralmente la realidad nacional, la destrucción institucional, la destrucción de la economía, y el valor que para recuperar esas destrucciones tiene la naturaleza pluralista y democrática de los poderes locales y legislativos.
Si para el presidente su mayor enemigo es la Asamblea y los partidos políticos, estos deben asumir sus roles con valentía para evitar que se consumen vía elecciones, la soñada consolidación de una dictadura con careta civil.
