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@JoakinSalazar
“Empresa minera Oceana Gold se han estado reuniendo con funcionarios públicos para que no se prohíba la minería en El Salvador”, así lo externaron los representantes del Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones (MOVIAC).
Ante esto, las organizaciones ambientales exigen al Estado salvadoreño a no dejarse manipular ante las presiones económicas que dicha empresa minera podría llegar a realizar.
MOVIAC se mostró su preocupación ante el interés de la empresa minera de seguir explotando las tierras salvadoreñas, por lo que busca apoyo de funcionarios de Gobierno e instituciones del Estado para evitar la prohibición.
José Santos Guevara, coordinador del MOVIAC dijo que están convencidos que en El Salvador urge una Ley que prohíba la minería; como también urge que las empresas trasnacionales se vayan del país.
“Debido a que estas empresas únicamente vienen a causar graves impactos ambientales y sociales que atentan con la salud de nuestra población y lo peor es que estas no se hacen responsables resarcir los daños”, comentó Guevara.
Ricardo Navarro, presidente del CESTA Amigos de la Tierra, enfatizó en decir que sería penoso que ante la crisis económica por la que está pasando el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén este se dejará influenciar por la empresa Minera para lograr de conseguir fondos económicos.
“Nos preocupan las maniobras de la Oceana Gold que se ha estado reuniendo con altos funcionarios de gobierno entre ellos; Oscar Ortiz, vicepresidente de la República, Hato Hasbún, Roberto Lorenzana, quienes han sido contactados y reunidos por dicha empresa para tratar el tema minero”.
No obstante, el Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, recalcó la postura del Gobierno en apoyar la iniciativa de la Iglesia Católica, en prohibir la Minería Metálica en el país, misma que será sancionada en su momento.
Rhina Navarrete, representante de las comunidades de Cabañas, uno de los sectores más afectados por la empresa minera, afirmó que las empresas han hecho llegar una carta a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa con el propósito de que negocie el tema la Ley contra la minería.
Y es que los principales impactos ambientales, que la empresa ha causado, está la contaminación de recurso hídrico especialmente en río Titihuapa de San Isidro, Cabañas, donde se han registrado desechos tóxicos como el arsénico y el cianuro.
En cuanto al Proceso de Laudo Arbitral, ordenado por el CIADI a la empresa Oceana Gold, Navarrete exigió al Estado salvadoreño para que demande el pago de los ocho millones de dólares.
“De acuerdo a la resolución del CIADI el pago de los 8 millones de dólares debían de hacerse como fecha limite el 14 de febrero de este año y hasta la fecha no hemos escuchado que esto se haya hecho efectivo”, afirmó Navarrete.
Por este tema, el Secretario de Comunicaciones informó que esta semana, el Ministerio de Hacienda se pronunciará para verificar las acciones por hacer en contra de la empresa minera.
