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Oceana Gold, la empresa transnacional que buscaba explotar minerales en El Salvador, “debe salir del país por dignidad”, dijo una ex Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos, luego de conocer un laudo arbitral internacional contra la compañía australiana.
Yanira Cortez, una ex Procuradora Adjunta de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), reveló que Oceana Gold aún mantiene en El Salvador la Fundación El Dorado, que desarrolla proyectos sociales en San Isidro y otras áreas del norteño departamento de Cabañas, donde pretendía establecer una mina para la extracción de metales preciosos, como el oro y la plata.
“Esa fundación debe terminar su trabajo en la zona, debe retirarse por dignidad, por respeto al pueblo salvadoreño”, exclamó la ex funcionaria, al reaccionar ante la Sentencia emitida por un tribunal internacional en Washington.
“Por medio de lo que llaman Responsabilidad Social Empresarial – explicó -, (Oceana Gold) está ejecutando una serie de proyectos sociales, diciéndole a las personas que la minería también trae una serie de beneficios, lo cual ya sabemos que es falso”.
El caso
El pleito legal entre Oceana Gold y el Estado salvadoreño fue dirimido el viernes por el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus Siglas en inglés), instancia del Banco Mundial, que conminó a la empresa australiana a pagar a El Salvador $ 8 millones por gastos procesales.
La demanda inicial contra El Salvador fue interpuesta ante el CIADI por la transnacional canadiense Pacific Rim, tras acusarlo de obstruir su proyecto de explotación minera en Cabañas, por lo que había pedido que este empobrecido país centroamericano le pagara $ 300 millones en indemnización. Sin embargo, la empresa minera australiana asumió el litigio legal con El Salvador, luego de haber comprado las acciones de Pacific Rim, que había iniciado estudios en la mina El Dorado, de San Isidro, los que fueron bloqueados por el congreso salvadoreño por violar preceptos constitucionales. Durante los casi ocho años que duró el juicio en Washington, al menos cuatro ambientalistas que se oponían a la explotación minera en Cabañas fueron asesinados, pero hasta la fecha, ninguno de los casos ha sido resuelto por la Fiscalía General.
Sin impacto ambiental
El reconocido ecologista, Ricardo Navarro, afirmó, por su parte, que “una ventaja” que tuvo El Salvador para ganar el litigio legal a Oceana Gold, “es que esos abogados de Oceana Gold son torpes, gracias a Dios. Si hubieran sido inteligentes, otra cosa hubiera sido”. “Torpes porque van a hacer una demanda, cuando la Ley salvadoreña dice que para dar la concesión de explotar un metal, (la empresa) tiene que tener un estudio de impacto ambiental”, explicó el también presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA).
“Hay que tener los permisos de los dueños de las propiedades, sino, cómo, y (Oceana Gold) no los tenía, (el laudo arbitral) no podía ser de otra forma”, razonó Navarro.
El Salvador aplaude laudo
Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Lina Pohl, aplaudió la Sentencia del tribunal internacional.
“Este día triunfó la verdad, triunfó el hecho de decir ´por supuesto que este país quiere la inversión, requiere la inversión, pero tiene que ser bajo el respeto de la institucionalidad nacional, bajo el concepto de la protección de la salud de las personas y del medio ambiente”, dijo.
Recordó que junto al Ministerio de Economía “elaboramos una evaluación ambiental estratégica donde dimos evidencias científicas de que no era posible, bajo las condiciones actuales de este país, desarrollar minería metálica”. “Estamos muy satisfechos, muy contentos. Ha sido una larga lucha de este país, pero hemos triunfado”, apuntó.