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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó tajantemente el comunicado de prensa difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador (04/06/21), por medio del cual rompió el acuerdo de la “Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador”, CICIES.
Lejos quedó el tweet presidencial “Antes de los primero 100 días haremos el lanzamiento de la CICIES”, en agosto de 2019, que sería acompañado por la ONU y la OEA, en la investigación de la corrupción gubernamental, y que marcó el discurso del presidente Nayib Bukele, ante el pueblo salvadoreño; cuando el 4 de junio de 2021 la Cancillería de la República anunciaba la ruptura total del acuerdo. Y que el presidente Nayib Bukele, complementó con la declaración que era “un despropósito completo tratar de combatir la impunidad con, precisamente, las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”, en referencia al ofrecimiento de asesor al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por el secretario de la OEA, Luis Almagro.
En un comunicado de aclaración, la OEA evidencia su desacuerdo con el argumento del gobierno salvadoreño. Y decide revelar una lista de obstáculos que encontró la CICIES en su ejercicio de fiscalización de la actual administración y el intento de manipular su trabajo investigativo para deslegitimar a quienes llama la “oposición”.
“La Secretaría General de la OEA se siente en el deber de informar que el señor Ernesto Muyshondt no fue contratado como dice su comunicado (Cancillería salvadoreña) sino que solo se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó”, señala.
Y que “previo a hacer público el ofrecimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue notificado al respecto y en ningún momento hizo saber ninguna discrepancia respecto a la posibilidad de realización del mismo”, cita el texto.
Asimismo, aclaran que el exalcalde de San Salvador no tendrá ningún contrato en ese organismo y que la Secretaría General no desea que esto se utilice de “excusa” para dar por terminado el acuerdo con la CICIES.
No obstante, anuncian que seguirán de cerca las denuncias de Ernesto Muyshondt, al que -consideraron- han violentado sus garantías al debido proceso, y están claros del “prejuzgamiento” al que ha sido sometido por integrantes del poder Ejecutivo; el linchamiento en redes sociales y las presiones en las sedes judiciales.
Asimismo, la OEA decidió hacer públicas las “diferencias entre el Gobierno de El Salvador con respecto a la CICIES”, observaciones que advirtieron tienen copia los donantes y el gobierno del presidente Nayib Bukele, que dijeron tenía conocimiento de las dificultad que enfrentó la CICIES, en los últimos meses.
Entre las primeras advertencias se encuentra la aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, promulgada por medio de decreto legislativo No. 7 de fecha 5 de mayo de 2021, que los miembros de la CICIES señalaron.
“Eventualmente,beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el Art. 4 de dicha ley, y la CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad”, consideran.
“En segundo lugar, la decisión gubernamental de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad Efectividad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia COVID-19. En dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar”, informaron.
Asimismo, evidenciaron el “asfixiamiento a la CICIES, al que cercenaron completamente las posibilidades de investigación”, por parte de la Fiscalía General de la República, a cargo de Rodolfo Delgado, elegido de facto por la bancada del partido oficial Nuevas Ideas el pasado 1 de mayo del presente año.
“En cuarto lugar, las acciones de Gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración. En quinto lugar, en función de lo anterior, la necesidad de la aprobación de una reforma al código procesal penal para que organismos intergubernamentales como la CICIES pudieran ser querellantes en los procesos penales e investigaciones que la Fiscalía General de la República realizase en aquellos casos de corrupción que afectaran derechos difusos de la población”, argumentaron.
El sexto señalamiento que recalcaron en su informe miembros de la CICIES es: “La recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente. Ello es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la Secretaría General asumió, que la CICIES nunca sería instrumento de persecución política por parte del Gobierno”.
En el comunicado, la Secretaría General de la OEA reiteró que este informe es de conocimiento del Gobierno salvadoreño y Donantes, que sin respetar los elementos antes mencionados sobre la función de la CICIES, “la lucha contra la corrupción es más un esfuerzo retórico”, que el fin político y ético que acompaña el trabajo de la CICIES.
“El actual Gobierno de El Salvador sabe que la Secretaría General de la OEA ha asumido siempre los principios esenciales del Derecho Interamericano y del Sistema Interamericano, aun cuando estuviera en muchos casos sola en defensa de estos principios. Asimismo, puede estar seguro de que los continuará asumiendo, sin importar los seguros costos políticos que esto tendrá”, puntualizaron.
