Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Observa El Salvador (OES) presentó el estudio “Mapa de las Transformaciones Institucionales en El Salvador 2019-2024”, donde se analizaron las modificaciones que han alterado la institucionalidad democrática y administrativa que han permitido la concentración y centralización del poder en el país. El estudio reveló un panorama preocupante sobre la gestión del poder y la afectación a la democracia salvadoreña, identificando riesgos relacionados con el secretismo gubernamental y el debilitamiento de la transparencia.
Uno de los hallazgos más alarmantes del estudio es el avance del secretismo gubernamental, que ha sido potenciado por la emisión de decretos que limitan el acceso a información pública y centralizan el control de datos sensibles.
Para el estudio, se analizaron 1,501 decretos legislativos aprobados entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2024; los datos mostraron que el 45% de los decretos legislativos están relacionados con temas fiscales, tributarios y presupuestarios, reflejando una fuerte prioridad de la Asamblea en abordar cuestiones económicas y financiamiento público.
Según los datos, el 16% de los decretos aprobados están relacionados con temas administrativos y el 11% a económicos, es decir, tienen un enfoque en la gestión y regulación estatal, promoción o control de actividades económicas; los tres temas abarcan más del 70% de los decretos.
“Más del 60% de las normativas analizadas muestran una transferencia de funciones al Ejecutivo, incluyendo la capacidad de nombramientos estratégicos en entidades autónomas y órganos contralores, se detectaron asignaciones presupuestarias desproporcionadas hacia la Fuerza Armada y la Dirección de Obras Municipales, en detrimento de áreas críticas como educación, salud y desarrollo local”, señaló OES. Asimismo, consideró que se ha intensificado el uso de decretos, para restringir la divulgación de datos sobre recursos públicos y decisiones gubernamentales, esto incluye presupuestos asignados a obras públicas, financiamiento militar y programas sociales La creación de órganos como la Dirección de Obras Municipales (DOM) ha consolidado el control financiero y operativo en el Ejecutivo, minimizando la rendición de cuentas a los ciudadanos y otros órganos del Estado.
El estudio detalló que la implementación de restricciones normativas ha dificultado la fiscalización ciudadana y la labor de periodistas e instituciones independientes, debilitando la capacidad de la sociedad civil para cuestionar el uso de recursos públicos.
El impacto en la transparencia ha tenido consecuencias directas en la gobernabilidad democrática, aumentando la percepción de corrupción y debilitando la confianza en las instituciones públicas; además, se ha observado una mayor dependencia del poder militar en la gestión de seguridad interna, contraviniendo los Acuerdos de Paz.