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Redacción Nacionales
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De forma exprés, los diputados oficialistas reformaron la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para que juristas, magistrados y fiscales con más de 60 años deban jubilarse de forma obligatoria e inmediata.
Con estas reformas presentadas en la tarde del martes por el oficialismo y aprobadas minutos después, se pretenden obligar a magistrados de cámara, jueces de primera instancia, jueces de paz que sobrepasen los 60 años, a su retiro inmediato. El mismo caso pasa con fiscales quienes sobrepase los 60 años o 30 años ejerciendo el cargo debe ser cesado de su cargo. Sin embargo, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pasa lo mismo; ya que según mencionó la iniciativa, estas reformas no les aplicarán a ellos. Que, de hecho, ya son afines al Ejecutivo, al menos la mayoría en Corte Plena.
Los oficialistas defendieron dichas iniciativas que se sacaron debajo de la manga, según manifestaron, se trata de “hacer una depuración del órgano judicial y FGR”.
«La reforma busca que todo el capital humano responda al pueblo, que los salvadoreños no tengan que pasar horas en una sede de la FGR para ser escuchados y que no vean con total normalidad que los casos cuando llegan a sede judicial se tengan que caer», comentó la diputada Marcela Pineda, de Nuevas Ideas.
Estas reformas no fueron aceptadas por la oposición, ya que según ellos, se volvió a quebrantar la independencia judicial.
«Creí que muy poco me iba a sorprender de lo que (Nuevas Ideas) podían aprobar, pero sacaron la pelota de la cancha. Creí que podían mesurarse después de ser publicados algunos nombres en la Lista Engel por la violación al Estado de Derecho. Pero le tiraron el tiro de gracia a la independencia judicial en El Salvador, no les bastó controlar la Corte Plena, hoy quieren poner jueces y magistrados afines al Gobierno de turno”, externó el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra.
El tricolor afirmó que no existió ningún solo artículo que vaya encaminado a regular la pronta y cumplida justicia; dicha reforma a la Ley de la FGR, lo que habla es que “el fiscal general de la República tiene la potestad de ordenar traslados sin el debido proceso”.
Estas reformas fueron fuertemente criticadas por la oposición y además por sectores de la sociedad civil, ya que afectaría a la independencia judicial y fiscal; ya que con el cese de los actuales jueces y fiscales que cumplan los 60 años serán remplazados por personajes afines al Ejecutivo.
