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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley de presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR) para incorporar $14 millones para que adquiriera “una plataforma tecnológica de vanguardia que permita obtener información en corto tiempo, única y precisa sobre actividades ilícitas”.
Según el Ministerio de Hacienda, debido “a la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate a la evasión fiscal”, se ha generado excedentes en el monto recaudado en concepto de Impuesto Sobre la Renta, lo que permite el financiamiento.
Esos $14 millones estarían destinados a las “acciones legales a favor del Estado” con un monto de $3,065,005 e “intervención de las telecomunicaciones” con $10,934,995. Cabe destacar que el presupuesto de la FGR para la intervención en las comunicaciones oscila en los $2 millones para todo el 2022, dicha línea presupuestaria se quintuplicará. Además, en marzo de este año, el fiscal Rodolfo Delgado incumplió la Ley de Intervenciones a las Telecomunicaciones, tras no enviar a la Asamblea el informe anual de la utilización de la herramienta.
Diputados de oposición manifestaron su preocupación por este tipo de medidas, ya que se puede prestar a cometer abusos, “sobran las razones para no acompañar, pues la FGR ha demostrado no ser una institución independiente”, dijo el diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo.
Además, el legislador sostuvo que el estado de excepción vigente suspende la inviolabilidad de las telecomunicaciones e incluso “la misma Fiscalía General de la República ha sido de las instituciones que se ha pronunciado públicamente de la necesidad de extender estas medidas; por tanto, solo con eso es suficiente para no acompañar y no validar este incremento presupuestario que también será pues en un contexto sin conocer a profundidad cuáles son los objetivos de mediano y corto plazo para la Fiscalía”. La herramienta de las intervenciones a las telecomunicaciones se podría prestar para incluso hacer espionaje contra opositores, medios de comunicación o personas defensoras de derechos humanos. En este tema, el diputado Wright Sol dijo que “esa puerta está abierta”
“Ha quedado demostrado que el Gobierno ha utilizado software de espionaje contra periodistas, opositores y defensores de Derechos Humanos; y una Fiscalía que no es independiente y más bien está alineada al Ejecutivo podría esperarse que utilice estas herramientas y estos recursos precisamente con esa finalidad y no con la intención de prevenir el delito y realmente atacar la criminalidad del país”, dijo Sol, refiriéndose a la utilización de Pegasus que aparentemente hizo el Gobierno para espiar a los ciudadanos.
Mientras que el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, cuestionó las prioridades del Gobierno. “Realmente el país está en una crisis económica en la que el dinero debería de invertirse donde más se necesita. Ya está el invierno instalado, hay miles de personas pobres que no tienen una vivienda digna y que con esos $10 millones muy probablemente se pudiera ayudar a paliar la situación grave del invierno que, así como pinta la situación va a ser dramático”.
El decreto fue aprobado en horas de la tarde de este miércoles y entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial.
