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Redacción YSUCA
La Constitución de la República ya dejó de ser la norma primaria que rige los asuntos de la nación y que aporta estabilidad jurídica al país. Así lo señala el director de la Maestría en Criminología y Políticas de Prevención de la UCA, Augusto López, al analizar la reforma al artículo 248 de la Carta Magna, aprobada por Nuevas Ideas y aliados el 29 de enero pasado.
En cualquier momento puede haber “sorpresas” porque el oficialismo puede hacer lo que quiera, no tiene límites, expresó el académico, quien se encuentra estudiando un intento previo de modificar el mismo artículo en 1991, durante las negociaciones de paz.
Explica que en ese entonces, la iniciativa no prosperó debido al fuerte rechazo de sectores empresariales, académicos y gremiales, quienes argumentaron que la medida otorgaría poderes constituyentes a una Asamblea no legitimada para ello.
A pesar de la guerra y la violencia política, dice López, la sociedad civil de aquella época se manifestó activamente en contra de la reforma. El investigador expone que actualmente hay temor y un clima de desesperanza y por eso no hubo expresiones de rechazo a la enmienda.
“Tenemos una estructura de poder organizada dentro de todo el Estado, violenta, que parece ser más eficaz para intimidar que lo que era en 1991”, remarca.
La ratificación de reforma constitucional, entre otras cosas, profundiza el riesgo de abusos de derechos humanos, dicen especialistas. Para Augusto López, la enmienda demolió los procedimientos que garantizan esa estabilidad jurídica y ahora se puede hacer cualquier cambio, en un mismo día.
Cree que esto puede ocasionar que algunos empresarios opten por no invertir en el país, dado que pueden ser expropiados, de la noche a la mañana, con apariencia de legalidad. Es una gran amenaza para desarrollar la vida, para ejercer los derechos y ejercer las libertades, subraya.
El investigador recuerda que Nuevas Ideas tiene correlación de fuerzas en la Asamblea y en las circunstancias actuales parece que se les abre una oportunidad. “No están pensando en que algún día van a salir del poder, sino más bien, se preparan para no hacerlo”, manifiesta al analizar hacia donde apuntan estos cambios constitucionales.
Ante este panorama, el académico exhorta a revisar la historia para sacar aprendizajes del pasado. Dice que durante el periodo del dictador Maximiliano Hernández Martínez había abogados y abogadas que defendían los derechos de la ciudadanía, incluso en condiciones adversas.
Analistas expresan que en el contexto actual, el derecho ha muerto en el país. López cree que hay algo cierto en eso, pero dice que quienes no han muerto son los que ejercen el derecho y tiene la posibilidad de hacer la diferencia.
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