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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Organización de Estados Americanos (OEA) lamentó la decisión del Estado salvadoreño de romper el convenio de cooperación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador. Algunos parlamentarios de la Asamblea Legislativa reaccionaron al respecto.
La OEA señaló que el Gobierno de Nayib Bukele quiso inducir al organismo internacional para hacer investigaciones contra funcionarios de la oposición.
En defensa, el diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala comentó que se deben establecer las pruebas de ello, “porque las declaraciones cualquiera puede decir cualquier cosa, por supuesto, es la OEA y es algo muy importante y muchísimo respaldo, pero habría que ir a ver las pruebas, porque sin pruebas no se puede decir ninguna opinión”, comentó.
El diputado Guillermo Gallegos, de GANA, comentó “es una respuesta mal dada a lo que ha sucedido”; ya que lo anuncian hasta hoy, cuando el Gobierno ha roto relaciones.
Esa información “la están usando de manera de querer justificar” la “triste decisión” que tomaron respecto a contratar a Ernesto Muyshondt como asesor de esa entidad, agregó.
El diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, dijo desconocer si esa acción fuese cierta, y coincidió en que el rompimiento con la CICIES se debió a la decisión que tomó la OEA en el sentido de contratar al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, como asesor.
A juicio del parlamentario, “no fue lo correcto”. Sin embargo, la OEA informó que “el señor Ernesto Muyshondt no fue contratado como dice el comunicado del Gobierno salvadoreño, sino que solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó”.
El diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, añadió: “Es un comunicado importante” porque se deberá conocer un informe sobre los acuerdos que habían estado suscritos entre la OEA y el Estado salvadoreño.
El legislador lamentó las acciones que hizo el gobierno salvadoreño en los últimos días, como la aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, puesto que “beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción”.
Así como también el papel del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en asfixiar a la CICIES ya que en las últimas semanas ha “cercenando completamente sus posibilidades de investigación”, según dijo la OEA.
