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Redacción Nacionales
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El próximo viernes finaliza el tercer mes de régimen de excepción impuesto por el Gobierno para presuntamente combatir a las estructuras delincuenciales en el país. Esta herramienta estatal inició el 27 de marzo tras un repunte en los homicidios a escala nacional. Diputados del oficialismo han manifestado que concederán la prórroga las veces que sea necesario para erradicar a los pandilleros.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, dijo que como bancada están decididos en apoyar “no solo uno más (régimen de excepción) sino, los que sean necesario a solicitud del Gobierno “porque es lo que pide la población”.
El oficialista afirmó que cuando salen a las calles “la gente nos dice que estamos haciendo lo correcto, si uno ve las fases que ha tomado este proceso, primero se han atrapado a más de 40,000 criminales. También, ahora pasó una etapa que la gente ya está denunciando más, ya no son capturas masivas, sino que vamos uno por uno”.
“Esta lacra (pandilleros) es como un cáncer, que, si se deja a uno, va a volver a esa enfermedad”, razonó el diputado de Nuevas Ideas.
Al igual que Guevara, el diputado Juan Carlos Mendoza, de GANA, sostuvo que su fracción si ve necesario una prórroga al régimen de excepción, “es necesario seguirle dando el respaldo al presidente en un tema de seguridad, yo creo que lo más complicado es mantener la situación en la que se está ahorita, porque hay un hay tranquilidad, se nota, se siente el cambio y la gente lo dice, pero echarse atrás en un momento tan crucial como el que estamos, creo que volveríamos al pasado, volveríamos a estar en ese estado de inseguridad”, dijo sin recordar el Plan Control Territorial que el Estado implementó.
Mientras que la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, dijo que, así como el mes pasado, una nueva prórroga “sería inconstitucional” pues las condiciones que motivaron la primera declaración de régimen de excepción han cesado, refiriéndose al repunte de homicidios.
Además, “no se justifica adecuadamente, dice (el Gobierno) que mientras haya pandilleros en las calles, vamos a tener suspendidos nuestros derechos”. Hasta este lunes, las fuerzas de seguridad contabilizaban más de 41 mil supuestos pandilleros capturados.
Ortiz dijo que los resultados del régimen de excepción como la supuesta tranquilidad en las calles entre otras, “es lo que deseamos que permanezca siempre, pero no es necesario que violenten los derechos de la ciudadanía para hacer eso. Ese es el dilema falso en el que nos quieren meter”.
Enfatizó que se debe abogar por soluciones a largo plazo en la seguridad ciudadana que no implique violación a derechos humanos, injusticia y el abuso de los recursos públicos “porque cada régimen de excepción viene con un hermanito gemelo, un decreto que le da permiso al Estado para hacer compras públicas sin pasar por ningún proceso”.
Ortiz remarcó la falta de rendición de cuentas que el Gobierno ha brindado durante la implantación del régimen de excepción.
La diputada Anabel Belloso, del FMLN, sostuvo que ya han pasado 3 meses y “desde el inicio lo señalamos, el temor que había porque justamente este Gobierno tenía antecedentes en aplicaciones de medidas como esta, donde (la) violación de derechos humanos estaba presente”.
La opositora reiteró que no se trata de defender pandilleros, por el contrario “a esos hay que perseguirlos y aplicarles la justicia, que paguen por cualquier delito que hayan cometido, pero hay leyes que el Estado puede utilizar”. Ya que con el régimen de excepción estigmatiza sobre todo a las comunidades más pobres del país.
