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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), que forma parte de la Secretaría General de las Naciones Unidas, pidió que se investiguen las muertes bajo custodia del Estado. La OACNUDH también expresó su preocupación por la reiterada prórroga del estado de excepción en El Salvador y pidió ser levantado.
El Estado de Excepción está en vigor desde marzo de 2022. “Es preocupante, sobre todo, por las consecuencias que tiene para los derechos humanos de las personas”, dice la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, mediante un comunicado hecho público a través de las redes sociales. La OACNUDH citó el informe de la organización de derechos humanos CRISTOSAL, sobre la situación de las personas en las cárceles del país, a un año en el marco del régimen de excepción. CRISTOSAL señala que 153 privados de libertad fallecieron en prisión, entre el 27 de marzo de 2022 al 30 de abril de 2023.
Del total de los fallecidos, 29 personas fueron víctimas de tortura, lo que fue corroborado por los peritajes forenses y los testimonios de las familias que pudieron constatar el estado físico de sus familiares.
“Reconocemos el complejo reto al que se enfrenta El Salvador, para hacer frente a la delincuencia, así como el grave sufrimiento infligido por las pandillas del país que durante décadas han asesinado, violado, robado y extorsionado a la población”, señala la OACNUDH.
“Sin embargo, debilitar el Estado de Derechos y la integridad del sistema legal mediante la limitación de los derechos a un juicio justo no es la respuesta”, añadió la OACNUDH.
Igualmente, señala que al menos 68 mil personas han sido encarceladas en El Salvador, desde que entró en vigencia el estado de excepción. Y reiteran que de ese cantidad de personas al menos 1, 600 personas son menores de 18 años de edad. “Según un informe reciente de una destacada ONG (CRISTOSAL), al menos 153 reclusos han muerto en prisión desde que se implantó el estado de excepción, casi la mitad de ellos de forma violenta”, expresa la OACNUDH.
El informe de CRISTOSAL ha señalado también que la muerte de estas personas privadas de libertad fueron sometidos a torturas que incluyó lesiones graves y sistemáticas. Lo que indica la presencia de “muertes violentas”.
El organización aclara que no sólo estas muertes registradas por la organización es el universo total de casos, y que puede haber un subregistro, ya que existen testimonios que indican enterramientos en “fosas comunes”, y que el gobierno no ha reportado como “homicidios”, en su conteo diario.
“Los grupos de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos humanos y los medios de comunicación siguen corriendo riesgos en un entorno de inseguridad jurídica, ataques y desacreditación recurrente”, menciona la OACNUDH.
“En 2022 , las organizaciones de la sociedad civil documentaron 182 presuntas agresiones contra defensores de los derechos humanos y periodistas. El 14 de abril, El Faro, anunció que trasladaría a su personal de El Salvador a Costa Rica, argumentando haber sufrido tácticas intimidatorias y campañas de desprestigio a causa de su labor”, expresó la OACNUDH.
Finalmente, la OACNUDH pidió a las autoridades del Estado de El Salvador “levantar el estado de excepción” y además los instaron a revisar las medidas que han introducido durante este año de régimen de excepción.
“Pedimos a las autoridades que investiguen de inmediato todas las muertes bajo custodia de acuerdo con las normas internacionales, que hagan rendir cuentas a los responsables y que garanticen justicia y reparación a los familiares de las víctimas”, puntualiza.
