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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La iniciativa conjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Unión Europea (UE) trabajarán en forma conjunta por el respeto de los derechos de las personas migrantes, personas desplazadas forzosamente y otros grupos como la población indígena, que son vulnerables en El Salvador.
Este proyecto es financiado por la Unión Europea, a través del Instrumento en Pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP, por sus siglas en inglés), que dispone la OIM y ACNUR, en Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador.
La articulación se realiza con la distribución de insumos de bioseguridad para prevenir la COVID-19, dirigidos a personas desplazadas forzosamente, las que se han canalizado a través de las municipalidades e instituciones de Gobierno.
Asimismo, se han efectuado procesos de sensibilización y fortalecimiento comunitario con el fin de crear conciencia sobre derechos humanos, la identificación de personas en riesgo de protección y las guías para derivar a la institucionalidad que existe para atender a estos grupos de la población.
“Este proyecto ha permitido ayudar a las personas desplazadas internamente en El Salvador en los momentos más difíciles de la pandemia. Estamos trabajando de manera cercana con los gobiernos locales, el Gobierno central y organizaciones sociales para fortalecer los mecanismos de protección para aquellas personas que huyen de la violencia en medio de los desafíos que presenta COVID-19”, afirmó Laura Almirall, representante de ACNUR en El Salvador.
Durante las restricciones de movilidad por la pandemia del COVID-19, el proyecto pudo mantener el contacto de los liderazgos comunitarios en zonas especialmente afectados por la violencia a través, de grupos de mensajería instantánea que permitió fortalecer la comunicación con las comunidades y la promover la identificación de situaciones de riesgo.
Asimismo, estos grupos pudieron utilizar estas herramientas para compartir información sobre las medidas de prevención de la COVID-19, y difundir la información sobre los derechos humanos.
Esta iniciativa compartida por la OIM, ACNUR y la UE pretende la implementación de una campaña de comunicación que contribuya a generar un cambio en el comportamiento de las comunidades de origen, tránsito y destino, con el fin de prevenir o disminuir la discriminación y el estigma, para promocionar el arraigo y facilitar la integración y reintegración de la población indígena y potencial migrante.
Con el trabajo combinado de las alcaldías municipales, instituciones y organizaciones que se encuentran en los territorios, especialmente aquellas que se vinculan con los derechos de los Pueblos Indígenas, que incluye la participación de actores clave de la denominada “Ruta de Las Flores”. Se enfoca en brindar mayor acceso a servicios de salud y protección social, con el fin de aumentar la resiliencia de los pobladores por el impacto socioeconómico por la pandemia, aportando a su recuperación.
“Se espera que, con la implementación de este proyecto, las comunidades y las personas tomadoras de decisión mejoren su conocimiento y comprensión sobre las particularidades de las dinámicas migratorias entre las personas indígenas potencialmente migrantes para integrarse y reintegrarse a sus lugares de residencia, especialmente en los contextos de la pandemia y post-pandemia por COVID-19”, señaló Jorge Peraza, jefe de Misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras.
La implementación de la campaña estima que podrá dar cobertura a alrededor de 86,000 personas, entre potencialmente migrantes, retornadas, en tránsito, varadas y población en comunidades de llegada, tránsito, destino y retorno de las personas migrantes y otro grupo de migrantes vulnerables, personas LGBTI, retornadas, refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y miembros de las comunidades que los acogen y se han visto impactadas por el COVID-19.
