@arpassv
El gobierno ha anunciado la implementación de algunas medias de “ajuste fiscal”, entre éstas la reducción de subsidios y un decreto de austeridad en el Ejecutivo, como soluciones al déficit de fondos públicos.
La primera medida fue anunciada la semana pasada, luego que el secretario Ténico Roberto Lorenzana y el ministro de Hacienda Carlos Cáceres se reunieran con representantes del Fondo Monetario Internacional en Washington; mientras que sobre la segunda se informó ayer, después de la reunión del gobierno con los partidos políticos.
La aplicación de ambas medidas conlleva graves riesgos para la población: la reducción de subsidios podría afectar a personas pobres, y la austeridad en el gobierno podría reducir la capacidad gubernamental para atender las necesidades de la gente.
Por eso es necesario que en la primera medida, el mecanismo de focalización sea certero para garantizar la reducción o eliminación de subsidios sólo a quienes no los necesitan; y en relación a la segunda, que la reducción sea únicamente en los altos salarios de funcionarios y gastos no esenciales en todo el aparato estatal, no sólo en el Ejecutivo.
Por tanto, las organizaciones populares -que promueven la solución integral de la crisis fiscal a través de la progesividad tributaria- tienen que estar muy pendientes de la aplicación de estas medidas.
En sentido positivo, está la aclaración del secretario general del FMLN Medardo González sobre que partido y gobierno descartan aumentar el IVA. El dirigente efemelenista también planteó ayer la posibilidad de reestablecer el impuesto al patrimonio, que fue eliminado por los gobiernos de ARENA.
Ambas propuestas son aplaudibles y deben ser respaldadas por las organizaciones progresistas. La crisis fiscal no se resuelve sólo reduciendo el gasto, sino -especialmente- aumentado los ingresos, y esto debe ser mediante impuestos directos y progresivos como el patrimonial, no aumentando el IVA.
Partido y gobierno también deberían presionar por la aprobación de la Ley de Cobro Coativo, herramienta que permitiría al Ejecutivo hacer un combate más eficiente y efectivo contra la evasión tributaria. Porque el aumento de ingresos estatales también puede ser por esta vía.
Ojalá que al combate contra la evasión y elusión se sume la Fiscalía, que ayer se quejó de sus carencias presupuestarias publicando en redes sociales que tiene una deuda de 300 mil dólares sólo por combustible y que necesita 22 millones adicionales para funcionar.
Si quiere más fondos, el Fiscal Douglas Meléndez debería agilizar el cobro judicial de la mora tribitaria y perseguir a los evadores de impuestos. También podría pedir a sus amigos del oligárquico partido ARENA que no bloqueen el financiamiento para la seguridad pública, rubro que permitiría a la Fiscalía obtener recursos adicionales.