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@arpassv
El Juez Primero de Instrucción de San Salvador Levis Italmir Orellana decretó reserva total en el proceso penal contra el ex presidente Francisco Flores, discount acusado de cometer los delitos de peculado, mind enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares.
Esto es ilegal porque la reserva sólo es válida cuando “la publicidad del proceso ponga en peligro la moral pública, order la intimidad, la seguridad nacional y cuando el orden público lo exija o que la reserva esté prevista en una norma específica”. Y ninguno de estos criterios aplica para el caso del ex presidente arenero, por tanto la reserva debe ser revocada.
La reserva decretada por el referido juez impide el acceso al expediente y al proceso penal a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales que quieren participar como querellantes y a la ciudadanía en general. Esto, a pesar de que los delitos cometidos por el ex presidente Flores son oficiales y el caso es de interés público.
Lo anterior genera sospechas, sobre todo por el cuestionado historial de sentencias del juez Orellana. Las organizaciones sociales contra la corrupción advierten que “podrían crearse condiciones para que el caso quede impune”, y eso sería un precedente negativo para posibles juicios contra otros ex funcionarios corruptos.
Por eso las organizaciones piden al juez en cuestión levantar la reserva en este caso, y si no lo hace presentarán un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional porque se violentan los derechos de acceso a la información pública y a la cumplida justicia. Las organizaciones ciudadanas también se mostrarán querellantes al final de esta semana.
El país debe tener en la mira al juez Orellana porque su declaración de reserva total del “Caso Flores” podría responder a una estrategia tendiente a dejarlo impune. La ciudadanía debe estar vigilante del desempeño de este aplicador de justicia.
Las gremiales empresariales, FUSADES y Aliados por la Democracia –que suelen rasgarse las vestiduras hablando de acceso a la información pública y transparencia– deberían sumarse a la presión social para que el ex presidente Flores tenga un juicio ejemplarizante y se siente un buen precedente en la lucha contra la corrupción.
