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Por Daniel Merolla
Buenos Aires/AFP
El poder político quedó en jaque en Argentina a causa de una violencia criminal que desató hordas de gente enfurecida dispuesta a linchar al delincuente, stuff a tal extremo que la superpoblada provincia de Buenos Aires, shop vecina a la capital, pharmacy tuvo que declararse en emergencia de seguridad.
La inseguridad figura entre las mayores preocupaciones de los argentinos, y aunque en enero la inflación superó esta inquietud entre la población, la reciente ola delictiva provocó el fenómeno inédito de los «linchamientos»: doce casos en 10 días de turbas de vecinos que intentan tomar castigo por mano propia.
El único muerto a manos de los «ajusticiadores» fue un joven de 18 años cuya familia asegura que era inocente del robo de un bolso, en una barriada pobre de Rosario (300 km al norte, en la provincia de Santa Fe).
Ha habido casi 15 intentos fallidos de asesinato en banda en las dos últimas semanas en barrios acomodados como Palermo, de la capital, y en las provincias de Santa Fe (centro), Córdoba (centro), la Rioja (noroeste), Catamarca (noroeste) y Mendoza (oeste).
«Acá matan, violan, roban. ¿Qué querés? Yo no creo que yo llegue a este extremo del linchamiento pero hay que ver el momento», dijo a la AFP José Villalba, 64 años, encargado de un edificio en el centro de Buenos Aires al afirmar que de alguna manera comprende «a los que linchan».
El tema divide: «Linchar es volver a la barbarie», opinó Ariel Billordo, analista de sistemas de 29 años, empleado en el centro de la capital.
Un sondeo divulgado el lunes reveló que cerca del 30% de la población en Buenos Aires apoya la violencia contra los delincuentes, según la encuestadora de estudios sociales Raúl Aragón y Asociados.
Trasfondo político
Un aliado de la presidenta Cristina Kirchner, el gobernador Daniel Scioli, declaró en emergencia a la provincia de Buenos Aires, que linda con la capital argentina y donde viven 16 de los 40 millones de argentinos.
Scioli, uno de los políticos mejor posicionados para las elecciones presidenciales de 2015, lanzó el sábado un plan para comprar patrulleros y reincorporar a 5.000 policías retirados al cuerpo que ya cuenta con 72.000 uniformados.
Sergio Massa, un diputado opositor al gobierno y eventual candidato presidencial, llegó a justificar la reacción agresiva de la gente por lo que considera una «ausencia del Estado» para combatir el crimen.
«Cada uno trata de capitalizar el problema. Pero la inseguridad muestra un giro más complejo con los linchamientos», advirtió a la AFP Mariel Fornoni, analista de la consultora Management And Fit (M&F).
M&F afirma que 84% de la población piensa que la inseguridad aumentó. Por ello, dice, es el asunto más explotado por la oposición al gobierno centroizquierdista de Kirchner en la perspectiva de las elecciones del próximo año.
El sociólogo Guillermo Pérez Sosto coincide con Fornoni al señalar que «una parte de la población perdió la fe en el Estado».
«Hay un sentimiento de abandono», dijo el director del centro de estudios en políticas sociales del Instituto Torcuato Di Tella.
Argentina no divulga estadísticas criminales desde 2009, cuando el país tenía la mayor tasa de robos de América Latina, con 973 cada 100.000 habitantes, aunque la de homicidios era más baja que en otros países, de 5,5 por cada 100.000, según el Observatorio de Seguridad Hemisférica de la OEA.
Droga y corrupción policial
«La droga es lo que hay que parar. Linchar es convertirse en asesino. No se puede confiar en la policía porque hay mucha corrupción», dijo a la AFP Jaime Meza, un mensajero de 58 años de la capital argentina.
Meza refleja el sentir de una mayoría que desconfía de sus instituciones encargada de la seguridad y la justicia.
«El 73,8% considera que existe una relación entre sectores de la política y el narcotráfico, mientras que 78,7% considera que sectores de la policía también están relacionados», según el estudio de Aragón sobre percepción social de la corrupción en instituciones.
La investigación, realizada este mes en el Gran Buenos Aires -capital y suburbios-, demostró que 38,4% de la población de esa zona cree que «la gente tiene derecho a organizarse y armarse para defenderse» si el gobierno no puede controlar la delincuencia, contra 54,7% que se oponen a la justicia por mano propia.
Juan Carlos Molina, un sacerdote católico responsable del organismo federal antidrogas, criticó el plan de la provincia de Buenos Aires: «Compren muchos chalecos y balas, pero también tripliquemos las becas deportivas, culturales, terapéuticas», reclamó en su cuenta de la red social Twitter.
