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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Una cosa es escribir la ley, pero otra es hacerla realidad”, resumió la hermana Guadalupe Mejía, fundadora del CODEFAM, invitada en la presentación de la “Política de Persecución Penal de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, Ocurridos en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador”, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) Hermana Guadalupe, como es conocida en el ámbito social, valoró que este nuevo marco jurídico se convierta en un instrumento efectivo para investigar las graves violaciones a los derechos humanos de la población.
La dirigente social es integrante del Colectivo Pro-Memoria Histórica, que reúne a miles de víctimas y a familiares sobrevivientes del conflicto armado, en la década de los años ochenta, el cual culminó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. “Lo que queremos es justicia, la reparación y verdad, porque si no hay justicia no hay paz, porque los crímenes van a estar allí y vamos a sentir el dolor siempre, en nuestros corazones, porque no sabemos dónde están nuestros familiares”, agregó por su parte Sofía Hernández. La nueva política pretende, según sus objetivos, establecer criterios y lineamientos para la persecusión penal en este tipo de crímenes, que vendría a dar una respuesta tangible a la demanda histórica de las víctimas, tomando como contexto el informe de la Comisión de la Verdad que estableció que fue la población civil la mayormente afectada y especial el área rural con masacres, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias, entre otras vejaciones.
Miguel Montenegro, de la CDHES, consideró que si la iniciativa de la Fiscalía, que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas (ONU), es investigar a fondo los crímenes de lesa humanidad, les darán un compás de espera para evaluar el desempeño en tantos casos que han sido presentados y aún no están resueltos. “Como organizaciones de derechos humanos hemos trabajado sobre esta situación y hemos analizado todos los instrumentos jurídicos que nos lleven al combate de la impunidad y la justicia, que aún está pendiente. Casos como la Masacre de El Mozote, Sumpul, los asesinatos de Monseñor Romero, de los Padres Jesuitas, pues nosotros vamos a dar el beneficio de la duda, pero ante todo, exigimos que la Fiscalía cumpla con el mandato que le corresponde”, sostuvo.
Mientras, el Fiscal General Douglas Meléndez reconoció que no era fácil el abordaje de este tipo de crímenes, por muchos factores.
No obstante, reiteró el esfuerzo de país para garantizar la efectividad en la investigación y procesamiento de las personas que pudieran resultar responsables de estas graves infracciones a los derechos humanos. “En el contexto del conflicto en nuestro país se produjeron, por supuesto, hechos violentos y graves de desapariciones, homicidios, asesinatos, y muchos de estos calificados como Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, cometidos contra la población, que de acuerdo con la convención de Ginebra y su protocolo adicional número 2 están totalmente prohibidos”, manifestó.
Y finalmente, Andrés Sánchez, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reafirmó el acompañamiento de la entidad internacional en la búsqueda de la justicia de las víctimas del conflicto armado.
“La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, por la Sala de lo Constitucional en 2016 constituye un hito, en la garantía a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño. Y reconoce el propósito común que implica el reconocimiento integral que son derechos incontrovertibles”, puntualizó.
