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Ginebra/AFP
Organizaciones de defensa de los derechos humanos entregaron este lunes en Ginebra al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU una petición para que exhorte al gobierno de México a reabrir el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinap.
El caso de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, buy en Iguala, Guerrero, fue archivado la semana pasada por el Fiscal Jesús Murillo Karam a partir de la identificación de una de las víctimas y del testimonio de cuatro de los autores.
Los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal el 26 de septiembre de 2014, y entregados a la banda criminal «Guerreros Unidos», que los asesinó e incineró en un deposito de basura cerca de Cocula, arrojando los restos a un río, según el Fiscal Murillo Karam.
El Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, el Miguel Agustín Pro Juárez AC, y Amnistía Internacional (AI), que acompañan a familiares de los estudiantes desaparecidos, afirmaron que el estado mexicano es incapaz de erradicar la desaparición forzada en el país.
El caso «muestra que el Estado no es capaz de erradicar la desaparición forzada, que el país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia», dice el documento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) elevado al Comité de la ONU.
El documento solicita «un fuerte pronunciamiento para condenar las desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso».
«Las investigaciones empezaron con ocho días de retraso» y «la indagatoria no comenzó por el delito de desaparición forzada sino por el delito de delincuencia organizada», dice la petición.
«Ninguna de las instancias que el informe estatal presenta como estructuras competentes y funcionales para investigar las desapariciones» intervino en el caso, agrega.
En las acusaciones solo figuran los delitos de secuestro y crimen organizado, y no el de desaparición forzada, subrayaron estos organismos.
Además deploraron que la fiscalía mexicana haya cerrado el caso sin que sus conclusiones sean avaladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, de renombre internacional, y que tampoco esperara conocer los resultados de la misión del panel de cinco expertos de Chile, Colombia, Guatemala y España, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano competente de la OEA, requerido por el gobierno de México y la sociedad civil.
