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La Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Siria ha publicado un nuevo reporte en el que acusa a Estados Unidos y sus fuerzas aliadas de perpetrar crímenes de guerra contra la población civil durante los últimos meses de la guerra que ha afligido al país árabe desde 2011.
El informe, elaborado entre enero y junio de este año, detalla las repercusiones de la presencia norteamericana en áreas como Deir ez Zor, en el este de la nación, donde las operaciones de la coalición encabezada por Washington en colaboración con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han provocado «la destrucción casi completa de ciudades y pueblos».
El organismo, que ha investigado el conflicto sirio durante aproximadamente ocho años, destaca entre esas operaciones de la coalición una que fue llevada a cabo el 3 de enero contra un edificio residencial cerca de la localidad de Al Baguz, que dejó 12 niños fallecidos de entre 16 muertes civiles.
«La Comisión no encontró indicios de presencia del Estado Islámico u objetivo militar alguno en el perímetro alrededor del edificio», reza el reporte, subrayando que este se suma a los «numerosos ataques previos de la coalición» que resultaron en muertes civiles.
«Las fuerzas de la coalición internacional no tomaron las precauciones necesarias para discriminar adecuadamente entre objetivos militares y civiles», resumió la ONU, señalando que provocar muertes o lesiones a civiles con tales»indiscriminados» e «imprudentes» ataques «equivale a un crimen de guerra».
La Comisión, que también acusa a las fuerzas del Gobierno sirio de atacar instalaciones médicas e infraestructura civil protegida en Idlib y de no respetar una zona desmilitarizada establecida con Rusia y Turquía, hace hincapié en que las acciones de la coalición liderada por Estados Unidos han creado una crisis humanitaria.
«Surgieron oleadas de desplazamientos en las que decenas de miles de personas que huían de las zonas de batalla en Deir ez Zor buscaron refugio», señala el reporte en referencia a campos de refugiados como los de Ain Issa, Rukbán y Al Hol, este último con cerca de 70.000 personas «en condiciones de vida que siguen siendo deplorables».
