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Tegucigalpa/AFP
Militares y policías hondureños respondieron con fuerza «excesiva» a las manifestaciones de protesta desatadas tras las cuestionadas elecciones de noviembre pasado, con ejecuciones de decenas de civiles, advirtió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular la Policía Militar utilizaron «una fuerza excesiva -incluso letal- para controlar y dispersar las protestas» entre el 26 de noviembre y el 27 de enero, señaló un informe de ACNUDH, con sede en Ginebra (Suiza).
Las protestas estallaron luego de que la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura saliera a bloquear vías públicas con hogueras de neumáticos y palos para reclamar la victoria de su candidato, el presentador de televisión Salvador Nasralla.
Los manifestantes alegaron que el tribunal electoral orquestó un fraude para asegurar la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, postulado por el derechista Partido Nacional (PN).
El ACNUDH concluyó que las muertes de al menos 22 personas, entre civiles y agente de seguridad, durante la crisis «podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales» porque «murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad».
Destacó que hasta el 27 de enero no se había presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad involucrado en las matanzas.
Dijo que 1.351 personas fueron detenidas entre el 1º y el 5 de diciembre acusadas de violar el toque de queda, violentando el derechos a la manifestación pacífica.
Asimismo, según el documento, sometieron a malos tratos a detenidos, hicieron allanamientos ilegales de viviendas y amenazaron y hostigaron a periodistas y activistas sociales y políticos.
La situación de derechos humanos en Honduras «es frágil y padece de altos niveles de violencia e inseguridad, probablemente se deteriorará aún más», alertó el informe.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió «una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y que se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social del país».
Entre tanto, la oficina de Naciones Unidas en Tegucigalpa convocó para este lunes a la primera reunión para «intercambiar opiniones y avanzar hacia el diálogo político en el país».
