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Bogotá / AFP
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre homicidios y otros abusos presuntamente cometidos por miembros del ejército y la policía desde la firma del acuerdo de paz en Colombia.
En la presentación del informe anual sobre la situación de derechos humanos en el país, el representante de la alta comisionada Michelle Bachelet aseguró que «se documentaron 15 casos de presuntas privaciones arbitrarias al derecho a la vida en 2019» a manos de la fuerza pública.
«Esta cifra es la más alta registrada por esta oficina desde 2016», enfatizó Alberto Brunori, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
En ese año se suscribió, con el apoyo de la ONU, el acuerdo de paz que condujo al desarme y transformación en partido político de la que fuera la guerrilla más poderosa de América, las FARC, implicadas en un sangriento conflicto de más de cinco décadas.
Brunori destacó que en 13 de las muertes que involucraron a agentes del Estado «se observó» el uso «innecesario y/o desproporcionado de la fuerza».
Algunos de los casos conocidos por la oficina de Naciones Unidas se produjeron en «operaciones militares relacionadas con seguridad ciudadana (…) y la lucha contra el narcotráfico».
En ese sentido, «la Alta Comisionada llama al Estado a restringir en la mayor medida posible (…) el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social», urgió.
El informe documenta además abusos sexuales, corrupción, complicidad con grupos ilegales y ataques a periodistas por parte de miembros de la fuerza pública.
Al respecto, Brunori advirtió «con preocupación» que las investigaciones relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos están a cargo de la justicia penal militar.
Antes de la firma de la paz, las Fuerzas Militares enfrentaron el mayor escándalo de su historia por las ejecuciones extrajudiciales de unos 2.248 civiles en años de conflicto.
El 59% de esas muertes ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, según datos de la fiscalía.
– Represión en protestas –
En el marco de las protestas que estallaron en Colombia desde el 21 de noviembre contra el gobierno de Iván Duque, la ONU cree que hubo «respuestas excesivas por parte de la fuerza pública».
Citó la muerte de Dilan Cruz, un joven de 18 años que falleció el 25 de noviembre por las heridas en la cabeza que le provocó un uniformado con una escopeta cargada de perdigones.
Además aseguró que la policía estuvo implicada en «la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, como son la desnudez forzada, las amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas», contra los manifestantes.
También denunció «ataques contra periodistas» durante las protestas, con 23 casos atribuidos a la policía, según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, citadas por la ONU.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que está «analizando» el informe, aunque defendió el papel de la policía en las protestas. «El Esmad (policía antidisturbios) cumple con todas las normas internacionales», dijo a periodistas. «Naturalmente siempre se puede mejorar», agregó.
– Complicidad –
Brunori reportó «tres casos de violencia sexual perpetrados presuntamente por miembros del ejército» el año pasado. Además, citó una operación militar del 8 de abril de 2019, donde al parecer el ejército actuó conjuntamente con grupos armados ilegales en el municipio de Valdivia (noroeste).
«Miembros de un grupo criminal y de otros grupos violentos participaron en una operación militar oficial, portando armas y realizando acciones que son prerrogativa de las autoridades del Estado, tales como allanamientos, incautaciones y detención de personas», declaró el vocero de la Alta Comisionada.
Según Brunori «dos campesinos» fueron sometidos «a tratos crueles» y las «detenciones» fueron «declaradas como ilegales por un juez».
El informe de la ONU resaltó que a pesar del «aumento de la presencia militar» en varios municipios de Arauca (noreste), Catatumbo (noreste), Norte del Cauca (suroeste) y Sur de Córdoba (noroeste), se incrementó el número de muertes violentas.
La tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada cien mil habitantes y la organización registró «36 masacres, la cifra más alta desde 2014», con 133 muertos.
Aunque el acuerdo de paz redujo la intensidad del conflicto interno, en Colombiatodavía operan guerrillas, paramilitares y bandas del narcotráfico que desafían al Estado en varios puntos del país.
En casi seis décadas de enfrentamiento se cuentan ocho millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.
