Bogotá/AFP
La violencia de grupos armados tras un eventual acuerdo de paz con la guerrilla FARC es un desafío para Colombia, sovaldi alertó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH).
A pesar del «impacto positivo» de los avances en las negociaciones en Cuba entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), clinic el representante de la OACDH en Colombia, Todd Howland, advirtió sobre las amenazas para el posconflicto.
«Todavía existen otros actores que están afuera del proceso de paz que están creando una crisis humanitaria», apuntó al presentar el informe anual del organismo sobre la situación humanitaria en el país sudamericano, sumido en un conflicto de medio siglo.
El reporte indicó que «es posible prever que el fin de las hostilidades y la desmovilización de la guerrilla podría generar vacíos de poder y disputas por controlar las rentas ilícitas (ganancias derivadas del narcotráfico, extorsión, trata de personas, prostitución, minería, captura de recursos estatales, entre otras)».
Añadió además que las personas que participen en la implementación de los acuerdos de paz y los propios desmovilizados «podrían ser vulnerables» a las agresiones de estas organizaciones, que ya actúan en el país y cuya desarticulación «constituye un desafío permanente para la paz».
«Diversos intereses locales y grupos que se oponen a los cambios que promueve el proceso de paz ya están empleando la violencia y la intimidación para proteger sus intereses, sin una respuesta estatal suficientemente efectiva», señaló el texto, que señaló como víctimas a la población en general y a los funcionarios públicos y líderes sociales que defienden derechos o se oponen a esos intereses.
«Los grupos armados posdesmovilización y otros actores conexos están todavía violando los derechos humanos de manera sistemática (lo cual) está afectando la seguridad ciudadana, la administración de justicia, la construcción de paz y está interfiriendo con la restitución de tierras», dijo Howland.
El conflicto armado colombiano ha involucrado desde los años 1960 a guerrillas, a fuerzas del Estado y a paramilitares, estos últimos desmovilizados durante un proceso promovido hace una década por el gobierno.
Muchos exparamilitares, sin embargo, engrosaron las filas de bandas criminales, llamadas «bacrim» en Colombia, luego de desmovilizarse. Esas «bacrim» son el principal reto de seguridad para Colombia en un escenario de posconflicto, según autoridades y observadores internacionales.
La conflagración interna deja ya oficialmente unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,6 millones de desplazados.
«Maniobras dilatorias»
La Oficina de la ONU también alertó sobre «maniobras dilatorias» de los abogados defensores en los procesos que se llevaban a cabo contra miembros de fuerzas del Estado, presuntamente involucrados en casos de ejecuciones extrajudiciales, e indicó que la investigación judicial «no avanza con suficiente celeridad».
«La Oficina observó maniobras dilatorias de la defensa y laxitud de los presos de jueces que impidieron el avance de varios procesos penales por homicidios cometidos por miembros de la fuerza pública», aseguró el reporte.
Recordó que en este tipo de casos, «la Fiscalía registra 2.653 investigaciones por homicidio, de las cuales 167 están cerradas». Y subrayó que «7.773 miembros del ejército han sido vinculados a estos casos que involucran 4.392 víctimas, incluyendo 183 mujeres y 223 niños y niñas».
La ONU también instó a las autoridades a tomar medidas de protección de documentos y archivos en entidades estatales y no estatales para evitar su destrucción o pérdida, lo que «impediría la efectividad de los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición».
El informe concluye con 13 recomendaciones.
Entre ellas, llama al gobierno colombiano y a las FARC a dialogar con las comunidades afrocolombianas e indígenas y garantizar sus derechos, así como a la comunidad internacional a apoyar el proceso de paz en Colombia.
Además, insta al gobierno de Santos y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla activa en Colombia, a avanzar «hacia el inicio de conversaciones formales» de paz, tras los diálogos preliminares iniciados en enero de 2014, pero que no han mostrado avances.