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Naciones Unidas/PL
Washington/AFP
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó hoy preocupación por los obstáculos reportados en México por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Desde su sede en Ginebra, site el portavoz de la Oficina, Rupert Colville, consideró que las trabas en la labor de los especialistas designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudieron afectar sus pesquisas sobre el caso Iguala, ciudad norteña del estado de Guerrero donde ocurrieron los hechos en septiembre de 2014.
Según el vocero, a partir de los desafíos y obstáculos señalados por los expertos foráneos, puede asumirse que algunas líneas quedaron por explorar con mayor profundidad, entre ellas el papel y la responsabilidad de los militares y otras autoridades en la desaparición de lo normalistas.
«Instamos al gobierno de México a darle un seguimiento efectivo al reporte del GIEI y a abordar las situaciones estructurales reflejadas en el mismo», precisó en declaraciones a periodistas.
Colville también pidió al Gobierno comprometerse con el mecanismo anunciado por la Comisión Interamericana para mantener el caso Iguala en la palestra.
La desaparición de los 43 estudiantes constituye un hecho que ratifica la importancia de la cooperación internacional para evitar que serias violaciones de los derechos humanos queden impunes, estimó.
El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reconoció el trabajo del GIEI, que el domingo publicó un informe de 605 páginas, el cual desmiente la versión oficial del asesinato y posterior incineración de los normalistas.
Se trata de un caso que no solo genera atención en México, alrededor del mundo siguen lo ocurrido, advirtió.
De acuerdo con Colville, la desaparición de los estudiantes normalistas se convirtió en una prueba de la voluntad de las autoridades de lidiar con la violencia y la corrupción.
La víspera, el gobierno mexicano reiteró su compromiso con la justicia y aseguró que las investigaciones continúan.
Mientras, los familiares de las víctimas reclaman justicia y este martes marchan para recordar los 19 meses de ausencia de sus seres queridos, sin que salga a la luz la verdad de lo sucedido en Iguala.
Estados Unidos confía que México seguirá recomendaciones
El gobierno de Estados Unidos expresó su confianza en que las autoridades de México considerarán las recomendaciones de un grupo de expertos que investigó la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la región de Iguala (sur), en 2014.
«Confiamos en que el gobierno de México considerará los hallazgos» contenidos en el informe presentado la víspera por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el caso, dijo el vocero del Departamento de Estado, John Kirby.
El portavoz añadió también que Washington espera que las autoridades logren «llevar a la justicia a los responsables» por la desaparición de los estudiantes y «continúe garantizando la seguridad de las familias» de las víctimas.
«Llamamos a que se complete una investigación profunda y transparente de las desapariciones, y el proceso de los responsables», dijo Kirby.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue formado bajo los auspicios de la CIDH e investigó durante un año el caso de 43 estudiantes de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa, pero su informe chocó de frente con las autoridades mexicanas.
Al presentar el domingo su informe final sobre lo ocurrido, los expertos denunciaron «obstrucciones» por parte del gobierno mexicano y cuestionaron la actuación de fuerzas federales en el caso.
La misión del grupo de expertos concluye el 30 de abril ante la negativa del gobierno a autorizar la extensión de su mandato.
El tema fue evocado este mismo lunes por legisladores demócratas (del presidente Barack Obama) en el Congreso estadounidense.
La legisladora californiana Norma Torres dijo en la Cámara de Representantes que la actitud del gobierno mexicano en este caso «levanta serios cuestionamientos» sobre su «compromiso con la justicia y el imperio de la ley».
«No podremos tener esperanza de justicia en este caso sin la cooperación plena y honesta de las autoridades mexicanas», dijo su colega Jared Polis.
En tanto, para el legislador Alan Lowenthal, «la investigación de este caso es una oportunidad para que el gobierno atienda las preocupaciones sobre el estado de los derechos humanos en México».
Los 43 estudiantes habrían sido atacados por policías municipales, quienes los habrían entregado al cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
La denominada «verdad histórica» de la fiscalía mexicana indica que los jóvenes fueron asesinados por sicarios que incineraron sus cuerpos en un basurero, una versión cuestionada por los expertos.
