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Ginebra/AFP
El relator especial de Naciones Unidas para la tortura denunció «la impunidad» de la cual se benefician los responsables de los interrogatorios abusivos realizados por la CIA, y llamó a las autoridades estadounidenses a llevarlos ante la justicia.
En un comunicado, el relator especial Nils Melzer recuerda que un informe de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense, de 2014, reconocía que la CIA había recurrido a prácticas asimilables a la tortura en interrogatorios a yihadistas realizados en sitios secretos, tras los atentados del 11 de setiembre de 2001.
«Sin embargo, hasta la fecha, los responsables, autores y políticos, de estos horrendos abusos no han comparecido ante la justicia y las víctimas no han sido indemnizadas ni rehabilitadas», afirma.
«Estados Unidos ha violado de manera manifiesta la Convención contra la Tortura», estima el relator especial, para quien Washington «envía un peligroso mensaje de complacencia e impunidad» a su propio país y al mundo.
Melzer se preocupa particularmente por casos de prisioneros que han estado en aislamiento casi absoluto.
Amar al Baluchi, sobrino de Khaled Sheij Mohamed (KSM), presunto cerebro del 11 de setiembre, y él mismo acusado de haber participado en la financiación de los ataques, está «en régimen de aislamiento en una zona con acceso severamente restringido en (la base de) Guantánamo, desde hace más de una década».
Al Baluchi estuvo antes detenido en un sitio secreto de la CIA durante tres años y medio, periodo en el que fue sometido a «incesantes torturas». Su nombre había citado 153 veces en el informe del Senado.
Desde que está detenido en la prisión estadounidense en la base ubicada en el este de la isla de Cuba, parece que continúa siendo sometido a «ruidos y vibraciones», lo que lo induce «a una constante privación del sueño y trastornos físicos y mentales», según Melzer.
«Ninguna circunstancia, por excepcional o bien argumentada que esté, justifica la tortura», insiste, recordando que la prohibición de los malos tratos constituye «una de las normas fundamentales del Derecho internacional».
Washington debe «poner fin a su política de impunidad y llevar a los autores de estos actos ante la justicia», insiste.
La tortura, prohibida por el expresidente Barack Obama dos días después de llegar a la Casa Blanca en 2009, volvió al debate público estadounidense durante la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia.
