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TeleSUR
La Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg, aseguró que las medidas que el Gobierno de El Salvador adopte para luchar contra la violencia e inseguridad «deben estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos».
«El régimen de excepción es una decisión soberana de los Estados», dijo Gerstenberg, pero «las medidas deben de estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos».
Y agregó: «Reafirmo mi convicción y compromiso con trabajar por el respeto irrestricto de los derechos humanos como el camino para la sostenibilidad de la erradicación de la violencia y la construcción de una paz sostenible, inclusiva e igualitaria».
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó a finales de marzo pasado su preocupación ante el aumento del número de homicidios en El Salvador, según una declaración de Stéphane Dujarric, portavoz de la Secretaría General de la ONU.
Gerstenberg indicó hace unos días, queremos expresar nuestra esperanza que de ese estado de excepción surjan políticas más profundas que se dirijan a la violencia en la familia, contra las mujeres, a las relaciones sociales. Que haya una lucha contra la violencia desde sus raíces.
Construir un camino hacia la seguridad social implica muchos retos pero también grandes oportunidades, acentuó la diplomática.
Una escalada de asesinatos a finales de marzo dio pie a que el gobierno del presidente Nayib Bukele pidiera la suspensión de garantías constitucionales, medida que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y se ha prorrogado en cinco ocasiones.
Un grupo de organizaciones humanitarias advirtió recientemente la “anulación” de los mecanismos de control de los abusos a derechos humanos atribuidos a los cuerpos de seguridad en el contexto del régimen de excepción, implementado para “combatir” a la pandillas.
Las denuncias que han recibido dichas entidades no gubernamentales superaron las 3.100, de acuerdo con un informe.
