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Ginebra/AFP
La ONU reafirmó la solidez de un informe que emitió sobre casos de tortura en México contra los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, luego que el gobierno de ese país lo rechazó argumentando que «carece de rigor metodológico».
«La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirma la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe sobre denuncias de tortura y encubrimientos en el caso Ayotzinapa, tras las críticas» del gobierno mexicano, indicó en un comunicado.
El 15 de marzo, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México presentó un informe que concluyó que «hay fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero, sur) en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente».
El informe de la ONU señaló a elementos de la fiscalía, policía federal y militares de la Marina como involucrados en estas violaciones que «fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas».
México rechazó el lunes el informe de la ONU argumentando que sus aseveraciones «resultaron prematuras y podrían afectar el resultado» de las investigaciones.
Según México, de los supuestos 34 casos, «26 no arrojaron evidencia de tortura, dos arrojaron resultados de evidencia de tortura física pero no psicológica, cuatro personas no aceptaron la realización del Protocolo», mientras que uno más de los casos está «pendiente de emisión» y la otra persona no autorizó que se revelaran sus datos personales.
La ONU reiteró este miércoles su llamado a las autoridades mexicanas a que implementen las recomendaciones del informe y recalcó que «seguirá de cerca» los resultados de las investigaciones sobre estas violaciones de derechos, pues «hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable».
No es la primera vez que México se crispa ante informes de Naciones Unidas sobre tortura.
En 2015, emprendió una contienda pública contra Juan Méndez, entonces relator especial de la ONU, quien escribió un mordaz reporte en el que sostuvo que la tortura es una práctica «generalizada» entre las autoridades del país. En un acalorado debate, México también dijo que ese informe «carece de fundamento».
Según la hipótesis oficial del caso Ayotzinapa, los policías entregaron a los estudiantes al cártel criminal Guerreros Unidos, que los habría asesinado para luego arrojar sus cenizas a un río. Pero expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado esa versión.
