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Por Leonel Herrera*
Naciones Unidas pidió la semana pasada absolver a los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, a quienes se les otorgó arresto domiciliar pero continúan procesados injustamente por delitos que no cometieron. “Deben ser absueltos”, expresó la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, en sus redes sociales, el pasado 8 de septiembre.
“Sigo preocupada por la situación de los defensores de Santa Marta y ADES. Manifesté mi preocupación ante su detención y los cargos en su contra en una comunicación al gobierno en marzo de este año. Deben ser absueltos”, dice el mensaje completo en la red social X (Twitter).
(https://twitter.com/MaryLawlorhrds/status/1700150936830607412?t=tnHhYoCcw6EOAADvs_p_eg&s=03)
Ésta es la segunda vez que dicha funcionaria de la ONU se pronuncia contra la arbitraria detención de los ambientalistas de Cabañas. El 16 de mayo, luego de recibir un informe mentiroso del gobierno, Lawlor expresó su preocupación y pidió que fueran liberados. Ahora que fueron excarcelados pide su absolución, es decir, el retiro de los cargos y la reversión del proceso judicial.
Esta semana se cumplen ocho meses del inicio de este vergonzoso proceso penal contra los defensores ambientales, proceso cuyo trasfondo es la suicida intención gubernamental de reactivar la minería metálica que contaminaría y terminaría el agua, sería el acabose de los deteriorados ecosistemas y pondría en grave riesgo la continuidad de la vida en el país.
En todo este tiempo ha quedado evidenciado que la Fiscalía no tiene pruebas reales de la participación de activistas anti mineros en los delitos imputados, que la acusación violenta la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 y que el caso es una manipulación del sistema judicial para perseguir a defensores ambientales a quienes el Estado más bien debería premiarlos por su indispensable labor.
Por tanto, las autoridades fiscales y judiciales deben acatar el nuevo llamado de Naciones Unidas al Estado salvadoreño. La forma más práctica sería que la Fiscalía retire la acusación, renuncie al caso y permita que los tribunales declaren nulo el proceso penal.
El caso ya está también en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que en cualquier momento se va a pronunciar sobre la petición de medidas cautelares para los líderes ambientalistas, presentada por ADES y Tutela Legal “María Julia Hernández”.
Así que más valdría que El Salvador atienda el llamado de la ONU, porque después tendrá que hacerlo por orden de la CIDH. El caso está perdido -señor Fiscal y señora jueza- por falso, por injusto y porque este gobierno es muy mal visto internacionalmente por perseguir a defensores ambientales que lograron un hito mundial: lograr la prohibición legal de la minería metálica.
Ojalá, pues, que la sensatez y la racionalidad se impongan. Ganaría el país,
*Periodista y activista social.
