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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La reciente aprobación de la “Ley para el uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la Pandemia COVID-19”, conocida como “Ley Alabí”, por la nueva Asamblea Legislativa, genera consecuencias negativas e inmediatas a la salud de la población, opinó Eduardo Espinoza, médico coordinador del colectivo ALAMES, .
“Las consecuencias de esta ley, primeramente es el uso de los fondos públicos y con los medicamentos y procedimientos que se pueden contratar. Como lo ocurrido, que compraron mascarillas para el personal de salud a una empresa que vendía repuestos de automóviles. Entonces, se puede comprar cualquier cosa sin ningún control y sin que cumplan requerimientos de calidad”, explicó Espinoza.
En un pronunciamiento público las organizaciones sociales que integran el Foro Nacional de Salud, la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud, el Colectivo ALAMES “Margarita Posada”, de la Asociación Latinoamericana de Salud Social, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares y la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, expresaron su rechazo a esta ley al considerar que violenta el derecho a la vida y el derecho a la salud de la población salvadoreña.
Otra de las repercusiones de la ley, agregó Espinoza, son un par de incisos del artículo 8, mediante el cual, el Estado “renuncia” al monopolio de los bienes públicos, que permite “ser embargados” por los acreedores de cualquier instancia del Ministerio de Salud.
“Esto puede permitir que el Fondo Monetario o el Banco Mundial o cualquier otro acreedor pedir o embargar cualquier establecimiento de salud o privatizar el agua, la salud, la educación o cualquier otro bien público para de esa manera compensar lo que le deben. Porque ya la deuda pública casi ronda la totalidad del PIB; entonces, esto se convierte en una posibilidad concreta de una demanda por cualquiera de estas instancias para avanzar en la privatización de los bienes públicos”, expresó Espinoza.
Leonel Herrera -representante de la Coordinadora Salvad- indicó que el contenido de esta nueva ley, vulnera de manera flagrante tres aspectos: la transparencia, la salud pública y la soberanía nacional.
“Con esta ley se manda a la oscuridad todos los procesos de compra, contratación y adquisiciones del Estado relacionados con la pandemia, esto genera la posibilidad que se cometan actos de corrupción, que se sigan comprando insumos a sobreprecio, comprando a familiares o compadres y compras de medicamentos a empresas que venden autos”, afirmó.
Herrera Señaló, además, el carácter retroactivo de la ley cuando la declararon “asunto de interés de orden público”, lo que no permitirá a la CICIES y la Fiscalía General de la República, continuar con los procesos de investigación de esos casos, en donde solo la Fiscalía investigaba 17 casos que involucran al Ministerio de Salud, por lo que consideró que la ley atenta contra la transparencia, la rendición de cuentas y la anticorrupción en el uso de los fondos públicos.
“En segundo lugar, esta ley atenta contra la salud de la población al ponerla en riesgo de mala praxis, experimentos médicos y le prohíben a la población demandar (art. 4), le quita el derecho, la desprotege de las consecuencias que tenga en su salud por medicamentos o malos procedimientos médicos y es grave porque atenta contra el derecho a la salud”, añadió Herrera.
En cuanto a la posibilidad que las instituciones del Estado puedan renunciar a la potestad de no ser embargados, Herrera consideró que era una violación a la soberanía, al permitir que el Estado pueda ser embargado por sus proveedores privados.
“Esta ley es un absurdo, un adefesio y desfachatez de normativa, que tiene graves consecuencias para el país y debe ser un motivo de preocupación para la población en general, como lo es para nuestras organizaciones. Le pido a la población que apoya al Gobierno que le exijan que rinda cuentas. El presidente (Nayib Bukele) está traicionando una de sus promesas de campaña electoral, cuando exigió -a los mismos de siempre devolver lo robado- y llegó a la presidencia con un discurso de anticorrupción y lo que hace es totalmente lo contrario”.
“Esta ley cierra el círculo porque han puesto un fiscal que no va a investigar la corrupción; luego aprueban una ley que promueve la corrupción, y como pusieron una Sala de lo Constitucional a fin, ya no hay ninguna posibilidad de revertir esta ley porque institucionalmente no hay posibilidad de ir contra esto, entonces, la población debe tomar conciencia para exigir transparencia”, subrayó.
Los colectivos de las organizaciones sociales demandaron que se investigue las denuncias judiciales o administrativas ante la atención inadecuada o malas prácticas en el tratamiento médico del COVID-19, que provoque daño a la salud de las personas. Y que la Fiscalía continúe la investigación de posibles casos de corrupción en el uso de los fondos públicos destinados para aplacar el impacto de la pandemia COVID-19.
Asimismo, realizaron un llamado a los organismos y entidades internacionales defensores de derechos humanos, a continuar con la observación de esta ley, así como su intervención a futuro por este tipo de marcos jurídicos cuyos contenidos se enfocan hacia el mercantilismo de la industria farmacéutica y protección de los administradores de salud, que genera impunidad y van en detrimento de derechos tan fundamentales como la salud y la vida del pueblo salvadoreño.
