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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, dijo anoche que la empresa operadora del Sistema de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) está evaluando la suspensión del proyecto en los próximos días, debido a que la decisión de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de abrir a la circulación de vehículos particulares el carril que había funcionado de forma exclusiva para los buses articulados, lo que volvería insostenible su funcionamiento.
Por tratarse de un sistema de transporte de vía rápida, la obstaculización del carril exclusivo por parte de miles de vehículos particulares haría perder sentido al proyecto.
“Me informaron que la unión de empresas se había comunicado con las autoridades del Viceministerio de Transporte y les habían planteado que ya en la situación caótica en que queda el SITRAMSS es bien difícil que ellos puedan cumplir y que preferían suspender operaciones, irse del país, los que no son del país, porque no sería sostenible”, informó el ministro en el programa Debate de canal 5/35.
Con la vía rápida saturada de vehículos particulares, las unidades de transporte masivo verían reducida su efectividad, de acuerdo con el titular del MOP.
“El tema es el financiamiento para la continuidad. Existe un alto riesgo que el SITRAMSS se malogre en los próximos días, ojalá que no suceda”, manifestó el ministro en el programa Debate de canal 35.
Uno de los problemas con los que tendrá que luchar ahora el SITRAMSS será el financiamiento, pues el diseño original consiste en un carril de vía rápida que genere eficiencia tanto en tiempo como en consumo de combustible y otros componentes de las unidades utilizadas, lo que con la incorporación del tráfico pesado se vuelve más oneroso.
“El problema es que si continúan las pérdidas no van a tener para liquidar a los trabajadores y es importante tutelar eso, yo espero que la Sala pueda tomar en cuenta estos factores fácticos de la realidad, los factores técnicos”, añadió el titular del MOP.
Además, el ministro refutó que el proyecto esté en la ilegalidad porque no ha sido concesionado a través de la Asamblea Legislativa, pues aseguró que la infraestructura vial y de terminales de abordaje sigue siendo del Estado mientras que los empresarios utilizan la concesión de rutas que les ha sido asignadas, como ocurre con los otros miles de empresarios del transporte público.
“Fui uno de los redactores de la reforma al artículo 120 de la Constitución de la República y no lo puedo violar o permitir que se viole, pero el asunto es ¿y por qué hay que concesionarlo?, nosotros no estamos de acuerdo en concesionar esta infraestructura y por eso se sigue manteniendo bajo el control del Estado y creemos que así debe continuar, pero si no hay concesión ¿por qué van a obligar a ir a la Asamblea Legislativa?.
Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Lina Pohl, dijo que el país “ha entrado en una locura” con este tipo de medidas, teniendo en cuenta que el proyecto SITRAMSS va encaminado a hacer sustentable el transporte público en la principal urbe del país.
“Realmente no nos damos cuenta que el medio ambiental es un tema central en este país. Estamos en estas luchas intestinas queriendo acabar con proyectos emblemáticos de este Gobierno, pero que a la larga realmente en lo que redunda es en un deterioro de las condiciones ambientales”, lamentó.
Co Latino/Guillermo Martínez
Pohl recordó que el primer Gobierno del FMLN (2009-2014) encontró a El Salvador como el país más vulnerable del mundo, de acuerdo con la clasificación de Naciones Unidas y hoy se ha logrado salir de esa situación y precisamente proyectos como el SITRAMSS son los que ayudan a reducir ese riesgo.
La ministra dijo que mañana enviará una carta a los magistrados de la Sala de lo Constitucional informándoles que El Salvador ha firmado el Acuerdo de París que incluye las acciones para reducir la contaminación ambiental y que el SITRAMSS es parte de las acciones a tomar en tal sentido.
“Independientemente nos guste o no el SITRAMSS, ya firmamos un compromiso ante Naciones Unidas para fortalecer ese proyecto. Lo hicieron los diputados de la Asamblea Legislativa cuando ratificaron el Acuerdo de París y ratificaron sus mecanismos de implementación”, afirmó.
El ministro Martínez no da por cerrado el tema y espera que la Sala de lo Constitucional finalmente resuelva a favor de los miles de usuarios del transporte.
“Ojalá pueda haber una apertura, esto es más allá de la formalidad procesal pero para mejor proveer, y sin desmerecer del entendimiento de los magistrados, creo que es importante que los escuchemos”, afirmó el funcionario.
Martínez dijo que destruir o malograr el SITRAMSS también podría violentar la Convención de las Naciones Unidas para los derechos de personas con discapacidad porque este es el único sistema que cumple con las normas con los derechos para esta población.
“Tiene rampas para que los niños en sillas de ruedas, cuando van a la escuela, puedan subir, tiene espacios especiales para las personas en sillas de ruedas, tiene dispositivos sonoros para que ellos oigan en qué parada van cuando van a llegar a su destino. También en las estaciones hay dispositivos sonoros, hay baldosas guías para personas no videntes, eso es lo que está en peligro”, detalló.
Los magistrados responsables de la medida son Belarmino Jaime, Rodolfo González, Edward Sidney Blanco y Florentín Meléndez, también involucrados en el bloqueo de varias decenas de medidas impulsadas por el Gobierno, como la emisión de $900 millones en bonos. Los cuatro son parte de una agenda de la derecha salvadoreña para hacer fracasar los Gobiernos del FMLN. El Gobierno ya había pedido la recusación de los cuatro magistrados para conocer el caso, pues argumenta que estos han demostrado una clara inclinación a favor de los buseros del sistema tradicional que presentaron el recurso de inconstitucionalidad como parte interesada. Y es precisamente antes de recusarse que los cuatro jueces decidieron golpear el proyecto de SITRAMSS.
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