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Por Leonel Herrera*
Señora Jueza de Primera Instancia de Sensuntepeque, María Elizabeth Amaya Rivera:
El pasado 23 de agosto usted revirtió la detención provisional y otorgó arresto domiciliar como medida sustitutiva a la prisión preventiva a los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES. Esa no fue la mejor decisión, porque lo plenamente legal y correcto era otorgarles la libertad; pero hizo bien ordenando sacarlos de la cárcel y trasladarlos a sus viviendas.
Mantenerlos más tiempo encarcelados no era sostenible, ni jurídica ni políticamente; y mucho menos desde la perspectiva humanitaria, debido a la gravedad de los daños a la salud física y mental de los defensores ambientales provocados por la mala alimentación, falta de agua, ausencia de medicamentos, hacinamiento, falta de higiene, malos tratos, tortura y demás condiciones crueles, inhumanas y degradantes de la prisión, durante los ocho meses que estuvieron detenidos por decisión suya.
Los daños fueron más severos para quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, asma e insuficiencia renal. Uno de ellos, incluso, corrió el grave peligro de ser asesinado en el mortífero Centro Penal de Izalco.
Esta semana, la defensa legal de los ambientalistas presentó una “petición de sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal”. Dicha solicitud se basa en la Ley de Reconciliación Nacional aprobada en enero de 1992 y puesta en vigencia nuevamente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (página 43 de la Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía).
Esta normativa fue parte de los Acuerdos de Paz y permitió la desmovilización de los integrantes de las organizaciones guerrilleras, exonerando de responsabilidad penal por delitos comunes a quienes participaran en actividades de reinserción y reconstrucción post guerra. No es una ley de impunidad, como sí lo era la ominosa Ley de Amnistía aprobada en marzo de 1993 y derogada por la Sala de lo Constitucional; sino que estableció una amnistía específica, limitada y en consonancia con los estándares de derechos humanos.
Bajo las disposiciones vigentes de la Ley de Reconciliación Nacional, la acusación penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES es improcedente y el proceso judicial debe ser cerrado de inmediato.
Por tanto, Señora Jueza, la solicitud de los abogados defensores de los activistas ambientales representa la mejor oportunidad para corregir: usted puede hacer -ahora sí- lo completamente legal y correcto, revirtiendo este espurio proceso judicial que nunca debió haber iniciado.
Así los ambientalistas volverán a trabajar en el cuido del agua, el medioambiente y la vida de su comunidad y del país; y así también la Fiscalía y los tribunales de justicia podrán dedicar su tiempo y recursos (mal gastados en este caso) a la investigación de verdaderos crímenes cometidos en la guerra civil (como las masacres cometidas por el ejército gubernamental y los grupos paramilitares contra Santa Marta y otras comunidades del país).
El arbitrario enjuiciamiento de los líderes comunitarios también debe ser revertido por falta de pruebas reales de la existencia de los supuestos delitos y de la participación de los acusados. La Fiscalía basa su acusación en las declaraciones contradictorias de un testigo en régimen de protección que primero dijo que vio y después que le contaron los hechos.
Usted -Señora Jueza- puede terminar ya con este bochorno judicial que es un gran escándalo nacional e internacional, pues no es más que una burda manipulación de la justicia para criminalizar y perseguir a defensores ambientales que podrían entorpecer las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica, a pesar de estar prohibida por una ley aprobada por unanimidad en marzo de 2017.
Por eso 250 organizaciones de treinta países piden su libertad, 17 congresistas de los Estados Unidos han solicitado lo mismo, la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU aboga por su absolución y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado trámite urgente a una petición de medidas cautelares.
Así que está en sus manos, Señora Jueza. Que la justicia y la sensatez sean su guía.
*Periodista y activista social.
