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La elección de 545 personas que integran la Asamblea Nacional Constituyente le ha generado un serio problema de legalidad a la oposición venezolana, la cual, desde que controla la Asamblea Nacional tras las elecciones de 2015, no le reconoce autoridad al Presidente Maduro, ni a los órganos judicial y electoral.
El artículo 347 de la Constitución venezolana dice que “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Y el artículo 349 establece que “los poderes constituidos no podrán a forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”.
Sobre el proceso de elección, la convocatoria del Presidente Maduro para elegir la Constituyente fue legal, pues el artículo 348 de la Constitución establece que “la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”.
La oposición no participó en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente pero 8,089,320 personas votaron por los y las candidatas afines al gobierno, una cifra mayor a la que obtuvo la oposición en las elecciones de 2015 (7,726,066) y muy superior a los 5,622,844 votos que obtuvo esa vez el Gram Polo Patriótico, integrado por el PSUV y los partidos Comunista de Venezuela y Vanguardia Bicentenaria Republicana. Esos datos demuestran que las fuerzas de la revolución aumentaron su caudal en casi 2.5 millones de votantes.
Por más que la derecha venezolana, con el apoyo de buena parte de la derecha mundial, diga que Maduro es dictador, el pueblo venezolano sabe que lo que ha hecho el Presidente es pedirle que participe y tome decisiones sobre el rumbo del país. El poder de decisión que tiene el pueblo venezolano, fruto de la Constitución surgida de la revolución, no lo tiene el pueblo de Estados Unidos ni el de aquellos países gobernados por fuerzas enemigas de la revolución venezolana.
La derecha venezolana acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de haber realizado un fraude durante la elección de la Constituyente y no reconoce los resultados de la votación. Pero ahora tendrá que decidir si participa en los comicios para las 23 gobernaciones del próximo 10 de diciembre. Y no le queda mucho tiempo para inscribir candidatos. Si participa, reconoce la legalidad del CNE y de la Constituyente y si no participa queda fuera de todas las gobernaciones. Ya se ven divisiones en el agrupamiento opositor de la Mesa de Unidad (MUD).
El dilema no es sencillo. Hay que recordar cuando Maduro convocó la Constituyente, los diputados y diputadas de la MUD se declararon en desobediencia y designaron a unos supuestos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o sea, desconocieron la legalidad del Presidente de la República y trataron de anular el Órgano Judicial. En enero de 2017, incluso, habían declarado que el Presidente Maduro había abandona su cargo. El TSJ le recordó que no tenían facultad para destituir al Presidente y que estaban en desacato, pues juramentaron tres diputados elegidos con fraude pese a que la Sala Constitucional le había pedido que no lo hicieran.
La MUD controla la Asamblea Nacional, pero desde ese Órgano no se ha sujetado a la legalidad que le permitió ganar las elecciones de 2015. Toda su actuación está fuera de la ley. Su plan consiste en derrocar al Presidente Maduro mediante acciones coordinadas de desestabilización económica y social, búsqueda de apoyo de la OEA e incitación a una rebelión militar. El plan se puso en marcha pero se atascó. Ahora no le queda más que volver a la legalidad o seguir pendiendo peso en el Estado y la sociedad.
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