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Por Liliana Samuel
Buenos Aires/AFP
Pese al reclamo por su libertad de la ONU, la dirigente social y política opositora Milagro Sala cumple el lunes un año de una polémica detención por sedición y malversación de fondos, que estorba al gobierno.
Dirigente indígena de 52 años, Sala lidera la organización barrial Tupac Amaru, que llegó a tener 150.000 miembros, 70.000 de ellos en la norteña Jujuy, su provincia natal, donde cumple prisión preventiva desde el 16 de enero de 2016.
El destino de la organización de esta mujer dura y combativa dio un giro el 10 de diciembre de 2015 con el cambio de signo político en la provincia y el país, cuando perdió el respaldo financiero y político que había recibido durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).
En Jujuy, asumió la gobernación Gerardo Morales, un aliado del presidente Mauricio Macri (centroderecha), con el que Sala, electa diputada del Parlasur, mantenía una larga enemistad.
Desde entonces, la dirigente acumula causas en su contra y se considera una perseguida política.
«Negra y coya»
«Pido perdón por ser negra y coya» (indígena), dijo Sala al tribunal que la condenó el 29 de diciembre pasado a tres años de prisión en suspenso por daños durante una marcha en 2009 contra Morales, cuando este era senador opositor.
Al día siguiente fue nuevamente condenada, esta vez a pagar una multa de 3.780 pesos (234 dólares) por haber «ocupado el espacio público, alterado el orden y obstaculizado el tránsito vehicular y peatonal» durante una protesta contra Morales, que recién había asumido.
Se le prohibió además formar parte de cualquier organización por tres años y tres meses.
Por aquella protesta fue encarcelada en enero de 2016, acusada de sedición. Luego se la acusó por defraudación de fondos públicos para la construcción de viviendas a través de las cooperativas que integran la Tupac Amaru.
Presa sin condena, reclamaron su «inmediata liberación» el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y las organizaciones de derechos humanos argentinas.
Recibió el respaldo de opositores y de los expresidentes brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff, entre otros.
En respuesta, el Estado argentino invitó a la ONU y a la CIDH a evaluar «in situ» su caso. Macri respaldó el arresto.
«Hacia adentro de Argentina a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Milagro Sala que ameritaban todas las causas que tiene abiertas, pero es importante que esta información sea compartida con el mundo», dijo Macri.
El ‘cantri’, obra monumental
La Tupac Amaru nació a finales de 1999 para reclamar comida y subsidios en medio de la crisis económica que hacía estragos en la empobrecida provincia de Jujuy. En 2004 ingresó a un programa federal de construcción de viviendas sociales.
Desde ahí Sala puso en marcha una obra con más de 6.000 viviendas, abriendo barrios enteros en 13 ciudades de Jujuy y en otras provincias.
«Bienvenidos al cantri», se leía en un cartel irónico en el ingreso del barrio de Alto Comedero en alusión a los «countrys», barrios exclusivos y cerrados.
La organización brindó atención médica gratuita, abrió jardines de infantes, escuelas, 24 polideportivos y fábricas de metalurgia y textil.
Llegó a ser la tercera empleadora de Jujuy, con 4.700 empleos directos, detrás del estado provincial y de la azucarera Ledesma, según la organización.
«Todos los servicios sociales que brindaba la Tupac, la lucha por los derechos humanos, las ceremonias de los pueblos originarios, ya no existen», se lamentó ante la AFP Sabrina Roth, una de sus integrantes.
Coacción y violencia
Esta mujer, según cierta leyenda, fue abandonada al nacer y adoptada por una familia de clase media, pero se escapó de su casa a los 14 años y cometió pequeños delitos que la llevaron a prisión.
Allí organizó huelgas de hambre para mejorar las condiciones carcelarias.
Sus detractores la acusan de aplicar métodos violentos y antidemocráticos y de estar vinculada al narcotráfico.
El sindicalista jujeño Carlos Santillán, líder de protestas callejeras en la década de 1990, sostiene que la gente de Sala «actuaba como parapoliciales».
En declaraciones radiales dijo que la ONU la defiende «porque no habló con el pueblo que sufrió sus ‘aprietes'».
«Yo lucho contra el gobierno de Macri y el gobernador Morales porque benefician a los empresarios y las mineras, pero de ahí a que vengan a pedir la liberación de Sala…», dijo Santillán.
